"La violencia contra niñas, niños y adolescentes en nuestro país es una situación grave, actual y fuertemente invisibilizada. (...) Hemos avanzado en un discurso de derechos que no se traduce en acciones concretas acordes para la protección", dice el comunicado firmado por el Comité de Derechos del Niño del Uruguay, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual (RUCVDS), la Intersocial Feminista y la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo
Esta semana el país se estremeció ante la noticia de que una niña de cuatro años de edad fue abusada y asesinada a golpes por su padrastro.
En 2018, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia (Sipiav) reportó 4.131 situaciones de violencia, el 23% de ellas fue de abuso sexual, lo que significó aproximadamente 950 casos, dice el comunicado.
"Estos datos muestran que el problema tiene una magnitud altísima y pone en riesgo la vida y la salud de muchas y muchos", agrega.
Proteger a la infancia y la adolescencia debe ser una prioridad, por lo que se deben impulsar políticas públicas y destinar recursos para la prevención, atención, reparación del daño, además de la sanción de los responsables, indicaron las organizaciones civiles.
"Los recursos económicos destinados no son suficientes y los recursos humanos tienen debilidades en la formación o están saturados en su capacidad de respuesta. No se logra garantizar la atención en condiciones seguras y la respuesta no siempre llega en el momento necesario", agregaron.
Los adultos deben de creer en la palabra de los niños y se necesita educar al personal educativo, policial, comunitario y de salud en la detención temprana de hechos violentos.
Un 55% de los casos de violencia infantil registrado en 2018 fueron hacia niñas y un 45 hacia varones, según el Sipiav.
Además, uno de cada cinco casos de violencia correspondió a menores de seis años.
En 79% de los casos la violencia fue recurrente, mientras que en 21% se manifestó en un episodio particular.
El 93% de agresores eran familiares directos o integrantes del núcleo de convivencia. De las víctimas.