Integrante del partido Centro Democrático (derecha), liderado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), Duque no ha podido desmarcarse de la figura del exmandatario, quien a juicio del analista maneja las riendas del Ejecutivo.
"Eso hay que medirlo en hechos: la destrucción de la paz [con las FARC], la impunidad, los daños económicos, la minería extractiva, la dependencia marcada de EEUU…No veo que el presidente Duque se desligue del proyecto uribista; para nada", afirmó De Currea-Lugo, especialista en los conflictos armados que han sacudido el país sudamericano por más de 50 años.
Implementación de los acuerdos de paz
Respecto al acuerdo de paz que el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) alcanzó con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en 2016, el analista insistió en que en su primer año en la Casa de Nariño (sede del Gobierno), Duque no ha avanzado en la implementación de lo firmado en La Habana.
"Ha hecho una serie de proyectos legislativos que han buscado entorpecer la implementación de lo acordado con las FARC y ha hecho una serie de denuncias y pronunciamientos que han deslegitimado o buscaron deslegitimar lo firmado en el proceso de paz; en temas de paz no se ha logrado avance alguno", consideró De Currea-Lugo.
Durante buena parte de este año el presidente se vio enfrentado a la Corte Constitucional y al propio Congreso con motivo de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal creado en los acuerdos con las FARC.
En marzo Duque anunció la objeción a seis de los 159 artículos que componen la ley estatutaria de la JEP por considerarlos inconvenientes.
Con las objeciones el jefe de Estado buscaba que se aclarara la manera como los victimarios deben reparar a las víctimas, que los delitos de lesa humanidad no pudieran ser juzgados por la justicia transicional, que se precisara el proceso de extradición de personas por conductas posteriores a la firma del acuerdo y que no se condicionara la extradición de otras personas al ofrecimiento de la verdad sin establecer ningún tipo de término, entre otros puntos.
Caso Santrich
Para De Currea-Lugo, tanto Duque como el Centro Democrático desde el Congreso han "buscado golpear" la JEP de varias maneras, ya sea con un "recorte" de su presupuesto "o a través de casos particulares", como el del exguerrillero Jesús Santrich, uno de los negociadores de las FARC en La Habana.
"Santrich fue un caso particular donde se juntan varios elementos: primero el deseo de hacer trizas la paz, y segundo el deseo de castigar a aquellos que finalmente se entregaron", expresó el especialista.
El exguerrillero se encuentra prófugo de la justicia desde principios de julio, luego de que no se presentara a una audiencia en la Suprema Corte de Justicia en el marco de una investigación en su contra por su presunta participación en un acuerdo con el Cártel de Sinaloa (México) para exportar diez toneladas de cocaína hacia el país norteamericano por unos 15 millones de dólares.
Estos delitos habrían ocurrido entre junio de 2017 y abril de 2018, después de la firma del Acuerdo Final de Paz, por lo que no estaban comprendidos en los hechos contemplados por la JEP, lo que permitía la extradición de Santrich a EEUU.
Santrich estuvo preso entre abril de 2018 y mayo de este año, cuando fue dejado en libertad por orden de la JEP; el 12 de junio comenzó a ejercer sus funciones de legislador.
En virtud del acuerdo de paz, el partido FARC, nacido de la disolución de la guerrilla, obtuvo cinco escaños en la Cámara de Representantes y cinco en el Senado.
Sin embargo, para el analista no existen pruebas contra el exguerrillero, y todo se trató de un montaje dirigido por el propio Poder Ejecutivo.
"Jurídicamente hablando, no hay pruebas contra Santrich; no digo que sea inocente o culpable, creo en la presunción de inocencia", pero existió "un montaje mediático contra Santrich dirigido y orquestado por el presidente de la República", aseguró el especialista.
Líderes sociales
Un reporte de la Defensoría del Pueblo (ombudsman) indica que 196 líderes sociales fueron asesinados entre marzo de 2018 y mayo de 2019, y que en este periodo se denunciaron 1.608 conductas que vulneraron los derechos humanos de los activistas, 1.351 de ellas amenazas y 44 atentados.
Para De Currea-Lugo, el Gobierno "no ha tomado ningún tipo de medidas" para hacer frente a la situación, que motivó que el pasado 26 de julio se realizarán marchas en varias ciudades del país y del mundo, exigiendo al Ejecutivo que detenga la matanza de líderes sociales.
"Todos los días están matando o amenazando a líderes sociales y a exguerrilleros que se desmovilizaron, sin que el Gobierno actúe", lamentó el analista.
En este marco, el especialista cuestionó el modelo económico del actual Gobierno, centrado en la explotación minera.
"[Duque] insiste en un modelo que tiene que ver con la minería extractiva y el fracking, y la no regulación de la minería, y en ese sentido ha continuado incentivando la política de fracking y favoreciendo las empresas transnacionales de minería", expresó.
Buena parte de los líderes sociales asesinados son personas que se han enfrentado a las empresas mineras en distintas regiones del país.
En abril, el presidente colombiano enfrentó un paro general en protesta por su Plan de Desarrollo, que según sindicatos y organizaciones sociales es "de subdesarrollo" y "lesivo" para el país, ya que prioriza el extractivismo en desmedro de la educación y la ciencia.
El plan fue aprobado por el Congreso a principios de mayo.
Duque asumió la presidencia de Colombia el 7 de agosto de 2018.
El mandato presidencial en Colombia dura cuatro años sin posibilidad de reelección.
