"Con la mayor deferencia al Tribunal Supremo, esperaré su decisión confiado en que prevalecerá lo mejor para Puerto Rico", aseguró Pierluisi en una nota oficial publicada en las redes sociales de La Fortaleza, sede del Gobierno de la isla.
El excomisionado de Puerto Rico ante el Congreso de EEUU, quien ocupó el puesto dejado vacante con la renuncia de Ricardo Rosselló, insistió en que actúa de buena fe y conforme a la ley y el orden.
"Esta no es la excepción. Sigo con la mejor disposición de servirle a mi pueblo en estos momentos tan difíciles en los que todos reclamamos paz y estabilidad", afirmó Pierluisi a propósito del pleito judicial iniciado por el Senado para anular su nombramiento.
El gobierno municipal de San Juan también presentó una demanda de impugnación a la corte suprema, sobre la base de que Rosselló no fue confirmado por el Senado, y por ende, no podía ser juramentado ni como secretario de Estado ni como gobernador.
"El pueblo puede estar tranquilo que me ocuparé de que el gobierno siga cumpliendo su misión sin interrupción o dilación", aseguró Pierluisi en su comunicado, emitido poco después de enfatizar que ya él es gobernador, no secretario de Estado.
El Tribunal Supremo dio a las partes hasta el martes 6 de agosto a las 12:00 horas para presentar sus argumentos.
Los demandantes alegan que Rosselló nombró secretario de Estado a Pierluisi mediante una "interpretación incorrecta" de la Ley 7/2005, según la cual dicho puesto no precisa la confirmación ni de la Cámara de Representantes ni del Senado cuando se refiera a la sucesión de un gobernador.
Pierluisi, quien fue secretario de Justicia (1993-1997) y presidente del Partido Nuevo Progresista (2013-2016), fue juramentado el 2 de agosto.
Pierluisi fue comisionado residente de Puerto Rico en Washington (2009-2016) y compitió por la gobernación del Estado Asociado de EEUU, pero perdió con el mismo Rosselló en 2016 en las elecciones primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP).
Rosselló anunció su dimisión a 18 meses de terminar su mandato, tras las intensas protestas populares desatadas con la revelación de un chat cargado de mensajes homofóbicos, misóginos, con indicios de corrupción y bases para someter al político a un juicio político o "residenciamiento".
