El lunes 29 de julio una pelea entre pandillas rivales dejó un saldo de 58 personas asesinadas —16 de ellos por decapitación—, en la prisión Centro de Rehabilitación Regional de Altamira. El día después, las autoridades dispusieron trasladar a la cárcel de Belém a 30 presos que habían participado de la reyerta; cuatro de ellos fueron asesinados en el trayecto.
El enfrentamiento —y las sanguinarias consecuencias— son reflejo del horror que se palpita en un poblado donde los brotes de violencia son moneda corriente: Altamira es la segunda ciudad más violenta de Brasil, según el Atlas de la Violencia de 2019 elaborado por el Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), publicado el 2 de agosto.
"La crisis de las organizaciones políticas públicas y de las estructuras sociales, el aumento de la desigualdad, la falta de acceso a la educación, salud y seguridad alimentaria", son las causas del aumento de la violencia en la zona, dijo a Sputnik Tchenna Maso, abogada integrante del Movimiento de Afectados por Represas en Brasil.
El colapso institucional y social llegaron de la mano de Belo Monte, la hidroeléctrica sobre el rio Xingú, a 60 kilómetros de Altamira. En 2011 el Gobierno brasileño firmó un acuerdo de negocio con el consorcio Norte Energia, que invirtió unos 6.765 millones de dólares en la construcción de la presa.
La hidroeléctrica
Belo Monte —la tercera mayor en capacidad de producción hidroeléctrica del mundo—, fue presentada como una posibilidad de desarrollo para Brasil, principalmente para Altamira, el mayor municipio del país. Sin embargo, Belo Monte ha traído violencia, pobreza y precarización de las condiciones sociales de los habitantes, principalmente de las poblaciones indígenas ribereñas que fueron desplazadas de las orillas del rio Xingú hacia la periferia de la ciudad.
Con una superficie de 159.533 kilómetros cuadrados, la extensión de Altamira supera la de 37 de los 53 países europeos. Pero a diferencia de las naciones desarrolladas, sólo 46% de los habitantes de la ciudad paraense cuenta con educación básica completa, según información publicada por La Tercera.
En el 2000 la ciudad registraba ocho homicidios y tenía una tasa de 9,1 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Nueve años después, la tasa era de 50,6. En 2017 esa media saltó 147%; Altamira fue declarada la ciudad más violenta de Brasil, según el Atlas de Ipea de ese año. En 2019 el primer puesto lo ocupa Maracanaú (Ceará), con una tasa de homicidio de 145,7; Altamira quedó en el segundo lugar, con 133,7 asesinatos cada 100.000 personas.
Según el estudio de Ipea de 2017, el crecimiento rápido y desordenado de la población ocurrido en Altamira en los últimos años ha tenido serias implicaciones en la cantidad de crímenes cometidos en la ciudad.
"Cuando las transformaciones urbanas y sociales ocurren sin políticas públicas adecuadas, no solo en relación con la seguridad, sino también con la planificación urbana y la prevención social (educación, cultura, salud), pueden afectar directamente la tasa de criminalidad en las ciudades", dijo en 2017 a Projeto Colabora Daniel de Castro Cerqueira, director de Estudios y Políticas de Estado de Ipea.
En 2000 Altamira tenía poco más de 77.000 habitantes; en 2016 había 33.000 pobladores más. Muchos de ellos habían llegado para la construcción de la hidroeléctrica, pero perdieron su trabajo a medida que fueron concluyendo las obras, y se afincaron en la ciudad.
En palabras de Maso, la llegada masiva de trabajadores a una región "bastante deficitaria de políticas públicas", generó un "contexto de alteración socioespacial" que trajo aparejado la suba de alimentos y alquileres, el aumento de los homicidios y de la violencia contra las mujeres, niños y niñas.
"Después de las 18:00, cuando empieza a anochecer, la gente ya casi no sale de sus casas", indicó. La instalación de la hidroeléctrica fue "un modelo de desigualdad que se implementó en la sociedad, porque no se garantiza ningún tipo de participación ni discusión con las comunidades, lo que lleva a un contexto de mayor reproducción de la pobreza, y por tanto, del narcotráfico y la violencia", agregó.
Oportunidad para el narco
Al aumento poblacional, se sumó que los indígenas que se alimentaban de la pesca y regían sus vidas siguiendo la dinámica del rio Xingú, fueron desplazados para la periferia de la ciudad, precarizando su calidad de vida.
"Los desplazamientos forzados no garantizaron la reestructuración de los modos de vida que tenían los ribereños, generando un proceso de aumento de la vulnerabilidad social de esas personas", advirtió Maso.
La situación ha llevado a muchos pobladores a "intentar tener mejores condiciones sociales" a través del tráfico de droga. La "pobreza y miseria" de los pueblos tradicionales han servido al narcotráfico, que en los últimos años se ha "reconfigurado" para disputar las rutas de tráfico que pasan por la Amazonía.
Un ejemplo de ello, fue el enfrentamiento ocurrido en la prisión de la ciudad entre dos facciones: Comando Vermelho y Comando Clase A —grupo local afín al Primer Comando de la Capital (PCC), rival del Vermelho—.
La investigadora argentina Carolina Sampó, especialista en criminalidad, dijo al programa radial En Órbita, de Sputnik, que el narcotráfico está vinculado no solo a esta masacre, sino a la violencia extrema en el norte y nordeste del país. "A pesar de que parece que bajó el número de homicidios, esta caída tiene que ver con que el PCC ha logrado la hegemonía en la zona", señaló.
El 1 de agosto el consorcio Norte Energía rechazó "con vehemencia" que se le culpe de la masacre carcelaria. En un comunicado indicó que cualquier tipo de vinculación busca "dañar su imagen".
También hizo hincapié en los "beneficios" del proyecto generados para "Altamira, para la región y para el país". La empresa citó los trabajos realizados por el "control de la malaria, la evolución de la calidad de vida de las familias que salieron de palafitos para residir en casas construidas en barrios con pavimentación asfaltada, saneamiento básico, escuelas, unidades de saluda y áreas de ocio".
Respuestas
Las políticas adoptadas por el Gobierno estatal tampoco han ayudado a cambiar la situación de los altamirenses, que reclaman mayor seguridad pública y que la empresa pague compensaciones.
"No hacen inversiones reales", resumió Maso. "En vez de arreglar los problemas estructurales de la violencia, el estado hace falsas inversiones, como comprar helicópteros para la seguridad, que no sirven para impedir el contexto local", añadió.
Maso considera que para bajar los índices de violencia, debe instalarse una "discusión sobre para qué y para quién" se produce energía.
"Se está dejando en la Amazonia brasileña todos los problemas sociales y se están llevando todas las posibilidades de generación de riqueza a Sao Paulo. Nosotros decimos que se está promoviendo un desarrollo desigual de Brasil", concluyó.
Entre los propietarios actuales de Belo Monte se encuentran los fondos de pensiones Petros y Funcef, Eletrobras, la compañía eléctrica estatal brasileña; Neoenergia SA, Cemig, Light SA y Vale, el gigante minero brasileño protagonista de la tragedia de Brumadinho,Mina Gerais, en la que murieron 248 personas y desaparecieron 23.
