"Nadie vino para llevarlos, por ello nosotros mismos los llevamos hacia sus colegas", dijo un miembro del equipo del expresidente.
A su vez, el presidente kirguís, Sooronbái Zheenbéko, declaró que Atambáev pasa de testigo a imputado por delitos graves.
La declaración de Zheenbékov significa que la lista de cargos contra el exmandatario podría ampliarse en los próximos días.
Por su parte, el jefe del Comité de Seguridad de Kirguistán, Orozbek Opumbáev, lamenta no haber ordenado disparar a matar durante el asalto a la residencia de Atambáev, según él mismo dijo al intervenir este 8 de agosto en el Parlamento kirguís.
"Nadie aquí esperaba a que Atambáev abriese fuego contra chavales prácticamente desarmados. La verdad sea dicha, siento no haber dado la orden de disparar a matar", afirmó Opumbáev al rendir cuentas de la operación durante una sesión extraordinaria de la asamblea legislativa.
El funcionario reafirmó la disposición de abandonar el cargo.
Un miembro del grupo de operaciones especiales falleció, seis fueron capturados y 51 personas más —en su mayoría, agentes del orden resultaron heridas después de que un operativo para detener a Atambáev derivara el 7 de agosto en enfrentamientos con los defensores del expresidente cerca de su casa en Koi Tash, a unos 20 kilómetros de la capital kirguisa.
La Fiscalía General de Kirguistán anunció este 8 de agosto la apertura de una investigación penal por presuntos delitos de desórdenes públicos, vandalismo, asesinato, homicidio en grado de tentativa, amenaza o violencia contra autoridad y toma de rehenes.
De ser declarado culpable, el expresidente, de 62 años, podría pasar el resto de su vida entre rejas.
Atambáev atribuye las acusaciones a motivos políticos, insiste en que es inocente y se declara dispuesto a rendir cuentas de su gestión, pero hasta la fecha rehusó comparecer ante los jueces instructores que le citaron reiteradamente para prestar declaración.
Las leyes en vigor permiten, en este caso, llevarle por la fuerza al interrogatorio.
