Robles fue acusada en una audiencia pública a la cual se presentó vestida de blanco con su abogado "por el posible ejercicio indebido del ejercicio público, porque supo por el cargo que tenía, de estos actos y no informó al presidente (Peña Nieto), y no actuó en contra a pesar de que ambas cosas están estipuladas en los reglamentos" del Gobierno federal.
El esquema fue descubierto y publicado por primera vez el 5 de setiembre de 2017 por la organización independiente Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y el portal independiente Animal Político, que la bautizaron como "Estafa Maestra", y esta es la primera vez que Robles es llevada a tribunales por la Fiscalía y la Auditoria Superior de la Federación (ASF) por "ejercicio indebido en el servicio público".
Como pruebas para sostener la acusación, las dos instancias acusadoras presentaron 27 convenios aprobados por Robles.
"Usted sabía que resultarían afectadas terceras personas y usted era secretaria de Estado (…), en junio de 2014 usted tuvo conocimiento de los actos por parte de Juan Manuel Portal, entonces auditor superior de la federación, y volvió a tener conocimiento en septiembre de 2014 y junio de 2015", leyó la responsable del Ministerio Público.
Los convenios suman 5.073 millones de pesos (261,5 millones de dólares al cambio de actual), asignados por las dependencias federales que encabezó Robles a universidades públicas de los estados de Morelos, Hidalgo, Quintana Roo, y Chiapas, entre otros centros académicos, para contratos que no ofrecieron resultados.
La defensa
La defensa de Robles podría utilizar los argumentos de otros dos altos funcionarios bajo su mando, quienes en abril pasado se libraron de ser procesados por el mismo caso, desviando la responsabilidad del esquema de malversación a las universidades que recibieron los fondos públicos.
Uno de ellos fue director de presupuesto en la oficina de la acusada, y otro fue coordinador de delegados de Robles en los estados de la federación mexicana, donde se encuentran las universidades provinciales involucradas.
Los periodistas de investigación que llevaron el caso ante la fiscalía, rastrearon a las empresas subcontratadas por las universidades y descubrieron que eran inexistentes.
En una entrevista con Animal Político, el defensor dijo que "si las universidades hicieron un uso indebido del dinero que se les pagó por un trabajo legítimo, pues ellas serán las que tengan que responder".
El jurista asegura que las carteras que encabezaba Robles sí recibieron los servicios que contrató su oficina con las universidades, "a pesar de que las compañías subcontratadas (por los centros académicos) son fantasmas", comentó la publicación.
La imputada fue titular de Desarrollo Social desde diciembre de 2012 a 2015 y de Desarrollo Agrario y Urbano de 2015 a 2018.
En los años en que López Obrador gobernaba la capital (2000-2006), Robles presidió el PRD, en 2002 y 2003.
La dirigente que comenzó su militancia como dirigente universitaria, renunció en 2004 a ese partido fundado por Cuauhtémoc Cárdenas, tras un escándalo de tráfico de influencias, basado en filmaciones secretas filtradas por un empresario argentino que denunció extorsiones de altos funcionarios capitalinos.
El empresario es Carlos Ahumada Kurtz, quien sufrió cárcel y resultó ser amante de la acusada, historia que la llevó a contar su versión en un libro que tituló "Con todo el corazón".
"Sigo pensando lo mismo, que los responsables de la tragedia nacional son los de mero arriba", respondió el mandatario en forma críptica, en una de sus conferencias de prensa.
El jefe del Ejecutivo aludió a sus expresiones hechas sobre el tema durante su campaña electoral, cuando dijo que Robles era un "chivo expiatorio".
