El crimen ocurrió en la madrugada del sábado 3 de agosto y al menos una semana después, los cuatro policías acusados de haber acosado, secuestrado y violado a una jovencita que iba camino a su casa, seguían trabajando sin consecuencias.
El hartazgo se hizo evidente durante una manifestación convocada bajo el lema 'No me cuidan, me violan' y que se inició en las oficinas centrales de la Secretaría de Seguridad Pública, para la que trabajan los policías acusados, hasta la sede de la Procuraduría General de Justicia, repartición que hasta ahora no ha iniciado acciones legales contra ellos.
El conflicto se acrecentó ante el anuncio oficial —por intermedio de la fiscal para atención de delitos sexuales, María Concepción Prado, encargada del caso— de que la familia de la víctima no había querido ratificar su denuncia penal de lo sucedido, debido a la "filtración" pública de los datos personales de la víctima.
Quién y cómo se hará cargo de continuar la investigación de este delito grave es una de las respuestas pendientes que puede poner en jaque al Gobierno capitalino, menos de un mes después de haber anunciado una “renovación” de la fuerza pública.
¿Qué se sabe del caso hasta ahora?
El caso se conoció públicamente después de que se filtrara la denuncia que hizo la familia de la adolescente de 17 años, en la que relata cómo la joven regresaba caminando a su casa cuando fue interceptada por una patrulla con policías al servicio de la Secretaría de Seguridad capitalina. Los agentes inicialmente ofrecieron llevarla a su casa. Aunque la adolescente se negó, los uniformados la subieron a la fuerza, abusaron sexualmente de ella y la dejaron en otro punto de la ciudad, desde donde logró regresar a su barrio.
"La Procuraduría dice que la familia no volvió a ratificar su denuncia, pero hay mucho miedo. Esperamos que con esta presión sigan la investigación de oficio, porque las evidencias están", dijo a Sputnik Norma Andrade, activista mexicana y madre de Lilia Alejandra García, asesinada en Ciudad Juárez (Chihuahua) en 2011, a los 17 años, cuando volvía de su trabajo.
Andrade indicó que la adolescente fue atendida por la Cruz Roja luego de ser atacada por los policías y que hay más evidencia de que los hechos ocurrieron como la víctima narró.
Prado, la fiscal del caso, sostuvo en conferencia de prensa que ya cuentan con las bitácoras de las patrullas actuantes esa noche en ese sitio, así como información de GPS y radio; los vídeos de las cámaras de vigilancia pública y los establecimientos comerciales cercanos. Según el titular de la Secretaría de Seguridad ciudadana, Jesús Orta, estos datos fueron facilitados por Asuntos Internos, que abrió una investigación propia dentro de la fuerza.
¿Qué ha trancado la justicia en este caso?
Orta afirmó que los policías siguen en actividad porque su Secretaría no ha recibido aún las órdenes de aprehensión de la justicia investigadora. Fuentes consultadas por Sputnik señalaron que esto es una muestra evidente de la puja entre ambas reparticiones, acerca de quien asume la responsabilidad pública de lo sucedido.
Por un lado, la justicia se demora armando una acusación que no caiga durante el juicio debido a fallas procesales; por otro, el protocolo de servidores públicos habilitaría a los mandos de la Policía a separar del cargo a los efectivos acusados en tanto se investiga su responsabilidad en el crimen.
Sin embargo, funcionarios judiciales señalaron que la familia de la jovencita les retiró la confianza en la investigación al no ratificar su denuncia inicial, argumentando que pusieron a la niña en peligro al filtrar públicamente sus datos personales.
Una semana después de que se conociera el caso, distintos colectivos feministas convocaron a una marcha en repudio a la violación y en exigencia de justicia para la adolescente. Al llegar a la Procuraduría, fueron destruidas las puertas de vidrio de la sede, así como otras instalaciones interiores del llamado 'Búnker' de Ciudad de México.
"Hoy, este es un sinónimo del hartazgo de las mujeres, de ver que a diario las noticias son las mismas y que no cuentan con el apoyo de ninguna autoridad", dijo frente a la multitud Araceli Osorio, madre de Lesvy Berlín, asesinada en el campus de la Unam en 2017.
Tanto la procuradora general de la ciudad, Ernestina Godoy, como la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, calificaron los destrozos como una "provocación" y anunciaron por redes sociales que investigarían lo sucedido. La voluntad política podría agilizar la investigación de este caso que se volvió un nuevo eslabón de la compleja situación de seguridad en la metrópoli mexicana y que conmovió particularmente a las mujeres jóvenes.
Otra denuncia por violación contra un policía de la capital (un agente del cuerpo de la bancaria institucional) se registró el 8 de agosto cuando fue detenido en flagrancia tras abusar sexualmente de otra adolescente de 17 años mientras trabajaba como custodio de seguridad de un museo público. El 10 de julio, una mujer sin hogar denunció que dos policías también la violaron, tras forzarla a entrar en un hotel.
