"Es importante que se señale que la protesta de los pueblos se genera de manera pacífica, nunca se planea de manera violenta, pero deriva en situaciones de violencia producto de la represión policial y por decisiones del Gobierno que son ilegítimas e ilegales", afirmó el integrante de Muqui, organización que agrupa a 29 instituciones defensoras de los derechos de los pueblos originarios.
A Aduviri se le condenó por ser coautor no ejecutivo de las protestas que derivaron en destrucción de propiedad pública y privada.
Al respecto, Jahncke advirtió sobre los peligros que esta sentencia puede producir ante la posibilidad de criminalizar la protesta civil, la cual es un derecho garantizado en la Constitución peruana, y aun cuando los dirigentes son reconocidos por el Ministerio de Justicia como defensores de los derechos humanos.
"(Con esta sentencia) lo que nos preocupa es que el Ministerio de Justicia reconoce a los dirigentes de las comunidades como defensores de los derechos humanos, además de que la protesta está garantizada como un derecho constitucional que no se puede criminalizar", dice el activista.
"Creo que la investigación y asignación de responsabilidades entre todos los actores del conflicto (comunidades, Gobierno y fuerzas policiales) han debido ser equitativos (en el "Aymarazo") y no lo han sido", sostuvo.
En ese sentido, Jahncke apunta que la ley de consulta previa, que obliga al Gobierno a informar a las comunidades de los proyectos mineros que se planean desarrollar, así como obtener su aprobación civil, no se está ejecutando de forma efectiva.
"La consulta previa no está funcionando y en la mayoría de los casos las comunidades se dan cuenta de los proyectos a ejecutarse cuando ya las empresas están (en la zona de los yacimientos) y entonces no queda otro camino que la protesta", argumentó el activista.
"Lamentablemente, esa manera de hacer las cosas se está convirtiendo en un modus operandi para tratar con pueblos que no desean violencia, pero que deben responder de alguna manera para defender sus derechos", afirmó.
El activista enfatizó que es necesaria una visión más amplia del problema de los conflictos mineros para evitar que se prive a los ciudadanos del ejercicio de un derecho legítimo.
