El 'Proceso de Reorganización Nacional', eufemismo con el que los militares argentinos denominaron a la dictadura, había comenzado en marzo de 1976 tras el golpe de Estado contra el Gobierno de Estela Martínez de Perón. Desde ese momento, las detenciones arbitrarias, ejecuciones, desapariciones y secuestro de niños fueron una constante por parte de las fuerzas represivas.
A pesar de la fuerte represión, había en Argentina organizaciones de Derechos Humanos que lograban recopilar y proteger las denuncias sobre los crímenes perpetrados al amparo del Gobierno de facto. Entre ellas estaban la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que ya existían al comienzo de la dictadura, y otras que se formaron a partir de los nuevos crímenes, como Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.
Poco a poco, las organizaciones consiguieron que las denuncias sobre las desapariciones comenzaran a tener repercusión internacional. Así, en 1979 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA), ya tenía en su haber cientos de denuncias sobre posibles violaciones ocurridas en Argentina.
"La Comisión nunca había recibido un cúmulo de denuncias de tal magnitud, que prácticamente desbordaba la capacidad de la secretaría", confesó recientemente el abogado dominicano y excolaborador del organismo Roberto Álvarez durante una conferencia sobre derechos humanos a fines de agosto en Buenos Aires, según recoge Infobae.
El especialista recordó que desde agosto de 1976 la CIDH recibía cada día "numerosas denuncias de violaciones a los Derechos Humanos desde Argentina". La cantidad de denuncias no paraba de crecer mes a mes y, pronto, Argentina comenzó a ser la principal preocupación de la Comisión.
La propia CIDH reconoce, en el informe que presentó tras la visita a Argentina, que decidió iniciar las gestiones para realizar una visita al país suramericano en virtud de que la cantidad de denuncias "hacían aparecer un cuadro de violaciones graves, generalizadas y sistemáticas a derechos y libertades fundamentales del hombre".
Si bien la Comisión contaba con gran cantidad de información sobre lo que sucedía en Argentina, sus miembros decidieron hacer una visita al país, entendiendo que se trataba de "el medio más idóneo para establecer con la mayor precisión y objetividad" qué estaba sucediendo allí.
La "campaña antiargentina" y el intento de tapar la realidad
El Gobierno argentino, encabezado en ese momento por el comandante en jefe del Ejército Rafael Videla, aceptó el pedido y habilitó el ingreso de la delegación, que arribó a Buenos Aires el jueves 6 de setiembre.
Si bien había aceptado, la visita no era bien recibida por las autoridades del Gobierno. De hecho, la dictadura siempre mantuvo una especial preocupación por intentar mejorar su imagen en el exterior.
Aquello fue lo que el Gobierno llamó luego la "campaña antiargentina", intentando convencer a los ciudadanos de no dar crédito a las denuncias que encontraban eco en el exterior. El mismo decreto, incluso, aseguraba que las denuncias presentaban "un panorama distorsionado sobre la situación con respecto al orden jurídico establecido, de seguridad para los bienes y personas y del bienestar general, en los que está empeñado el Proceso de Reorganización Nacional".
Apenas meses después del golpe de Estado, el Gobierno contrató a la agencia de publicidad estadounidense Burson Marsteller con el fin de "difundir la realidad de los hechos de la Argentina, afianzando sus logros en esta nueva etapa de vida institucional" y "neutralizar y desvirtuar posibles campañas periodísticas negativas".
Ante la inminente llegada de la CIDH en 1979, Videla volvió a recurrir a los servicios de Burson Marsteller para contrarrestar las miradas extranjeras. A propósito de la visita, el Gobierno encomendó a la compañía el diseño de 250.000 autoadhesivos con la leyenda 'los argentinos somos derechos y humanos', sobre los colores de la bandera nacional.
Las acciones para contrarrestar a la supuesta "campaña antiargentina" también tuvieron la complicidad de medios de comunicación masivos. Suele recordarse en ese sentido la iniciativa de la revista de variedades Para Ti, que entregó una serie de postales propagandísticas sobre el país para que sus lectoras enviaran por correo a figuras internacionales señaladas como opositoras.
En el ‘78 la mayor parte de la población NO SABÍA NADA de los centros clandestinos de detención. Muchas familias, que de derecha solo tenían la mano con la que escribían, iban en sus autos con la calco: “los argentinos somos derechos y humanos” #AMiNoMeLoContaron pic.twitter.com/i3l0JXGu0o
— MARISA (@marisavega) March 24, 2018
Las "numerosas y graves" violaciones a los Derechos Humanos
A pesar de esas acciones, la CIDH llegó el 6 de septiembre con un grupo especial integrado por Andrés Aguilar, Luis Tinoco Castro, Marco Monroy Cabra, Carlos Dunshee de Abranches, Tom Farer y Francisco Bertrand Galindo.
El organismo, que traía consigo una delegación de especialistas y funcionarios administrativos, se instaló hasta el 20 del mismo mes en las oficinas de la OEA en Buenos Aires sobre la Avenida de Mayo. También visitó las ciudades de Córdoba y Rosario, las más pobladas del país después de la capital.
Durante su estadía, la CIDH se entrevistó con el propio Videla, los demás miembros de la Junta Militar, los gobernadores de las provincias que visitó y otras autoridades. También fueron entrevistados los entonces expresidentes Artirp Frondizi, Roberto Levingston, Alejandro Agustín Lanusse e incluso Héctor Cámpora y Estela Martínez de Perón, asilado en la Embajada de México y con arresto domiciliario, respectivamente. El expresidente Juan Carlos Onganía fue el único que se negó a recibir a la CIDH.
La Comisión se entrevistó con las organizaciones de Derechos Humanos y los partidos políticos, al tiempo que recibió a representantes sindicales y autoridades de la Iglesia Católica argentina.
Uno de los puntos clave de la misión fue la visita a los centros de detención como las cárceles de Villa Devoto, Caseros, Resistencia, Rawson, Unidad 9 de La Plata, Olmos, la cárcel de Córdoba y la Unidad 21 y los centros de detención militares 'Madgalena' y 'Rivera'. También fueron visitados los lugares señalados como centros clandestinos de detención, como 'Coordinación Federal' o la ESMA.
La dictadura había previsto esa situación y había ordenado modificar varios de los centros clandestinos para esconder las actividades de tortura y detención. En la ESMA, por ejemplo, se había modificado el casino de oficiales, centro de las actividades clandestinas en el lugar. Los detenidos, además, habían sido derivados temporalmente a una isla de la localidad de Tigre, en la provincia de Buenos Aires.
Los intentos de dificultar el trabajo de la CIDH no lograron evitar que el informe final de la comisión concluyera que "por acción u omisión de las autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron (…) numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos".
El documento recomendó al Gobierno argentino abrir investigaciones sobre los crímenes cometidos por autoridades públicas, liberar a las personas detenidas sin condenas y esclarecer el paradero de los desaparecidos. Asimismo, pidió "investigar a fondo las denuncias concernientes a la utilización de la tortura y otros apremios ilegales".
Para los representantes de las organizaciones de Derechos Humanos, la visita de la CIDH fue clave para visibilizar las denuncias sobre crímenes que hasta el momento se mantenían dispersas o bloqueadas. En su informe final, el organismo reconoció que durante sus días en Argentina recibió 5.580 denuncias, de las cuales 4.153 referían a casos nuevos.
