Este 9 de septiembre, la Abogacía del Estado trasladó al Tribunal Supremo sus conclusiones sobre la exhumación del hombre que gobernó España desde 1938 a 1973.
Para el abogado del Estado, el informe presentado por la familia Franco carece de rigor pericial y aduce que solo recoge la opinión de tres personas, las cuales —dice— se presentan como expertas en temas de seguridad.
Entre otras cosas, advierte, omiten un atentado terrorista perpetrado en 2013 en la Catedral de La Almudena, el lugar que ahora consideran ideal para que descansen los restos del otrora presidente del Gobierno español.
Sánchez y la exhumación de Franco
Una de las primeras medidas del gobierno de Pedro Sánchez al llegar a la Moncloa en junio de 2018 fue el desenterramiento del otrora hombre fuerte de España y el traslado de sus restos del Valle de los Caídos a otro lugar, pero no todo fue tan fácil como alguien pudo prever entonces.
Unos meses después, el 15 de febrero del presente año, el Gobierno de Sánchez aprobó la exhumación y reubicación del cuerpo de Franco, la cual debía ejecutarse antes del 1 de marzo, pero un juzgado de Madrid emitió una suspensión cautelar que prolongó el proceso.
Luego se fijó, supuestamente, la fecha del 10 de junio, pero los trabajos fueron suspendidos, cautelarmente, por el Tribunal Supremo tras admitir un recurso de los familiares de Franco contra el traslado, que tiene todo detenido aún y en espera del dictamen definitivo.
Un tema pendiente para el curso judicial 2019-2020
Este 9 de septiembre, los máximos representantes del Poder Judicial en España celebraron el acto solemne de apertura del curso judicial 2019-2020, que estará marcado, entre otras cosas, por la histórica sentencia del procés, la causa en la que fueron enjuiciados 12 líderes independentistas catalanes por su responsabilidad en el referéndum unilateral de 2017, pero que tendrá bajo sus prerrogativas decidir sobre el futuro de los restos de Franco.
El recurso presentado por la familia Franco al Supremo afirma que la decisión de exhumarlo es "radicalmente inconstitucional" y, entre otras cosas, asegura que el traslado del cuerpo vulnera los derechos de la familia o que las obras necesarias para mover los restos mortales incumplen leyes urbanísticas.
En espera de la decisión final
De cualquier manera, por el momento se desconoce en qué fecha tiene previsto pronunciarse el Tribunal Supremo sobre el tema en cuestión, lo que abre la posibilidad de que España acuda a una repetición electoral antes de tener una decisión al respecto.
Por ahora solo se sabe que el caudillo que gobernó a España con mano de hierro durante 35 años aún genera polémicas y preocupa —y ocupa— al gobierno y a las autoridades judiciales del país, pero dónde estarán sus resto en unos meses, todavía nadie lo tiene claro.
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