"Si quieren cambiar y ampliar el proyecto [de emergencia alimentaria], estaremos disponibles", aseguró en declaraciones a la prensa desde la provincia de Santa Fe (centro-este).
En una jornada en la que estaba prevista que legisladores del oficialismo se reunieran para evaluar el pedido de cara a la sesión plenaria que se celebrará en la Cámara de Diputados el 12 de septiembre, Macri se mostró favorable a una iniciativa que, entre otras cuestiones, amplía los recursos para los comedores populares a los que asisten familias en situación de vulnerabilidad.
El mandatario aludió así al decreto de necesidad y urgencia (DNU) 108 que firmó el expresidente Eduardo Duhalde (2002-2003) en plena crisis y que creaba hasta el 31 de diciembre un programa de emergencia alimentaria a nivel nacional.
En esta ocasión, la mayoría de los bloques opositores han consensuado una propuesta para decretar la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2022.
El proyecto sugiere "un incremento de emergencia como mínimo del 50% de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año".
La normativa está destinada "a cubrir los requisitos nutricionales de niños hasta los 14 años, embarazadas, discapacitados y ancianos desde los 70 años, en situación de pobreza", según el proyecto planteado en la víspera.
Demanda social
Miles de personas se manifiestan este 11 de septiembre en el centro de la capital argentina y en otros puntos del país para reclamar la sanción de este proyecto.
En la ciudad de Buenos Aires y en 17 provincias más, el Frente de Organizaciones en Lucha, el Frente Popular Darío Santillán, MTD Aníbal Verón y otros colectivos montaron ollas populares para visibilizar la situación de hambre que pasan los estratos sociales más empobrecidos de la ciudadanía.
Con ocasión del Día del Maestro también se manifiesta la Confederación de Trabajadores de la Educación para reclamar aumentos salariales.
Desde las elecciones primarias del 11 de agosto, en las que el oficialismo obtuvo 15 puntos porcentuales menos que la oposición, el Gobierno ha impulsado varias medidas para contener la pérdida del poder adquisitivo a raíz de la depreciación de la moneda local y la inflación interanual, que en julio llegó al 54,4%.
En 2016 el Congreso sancionó una ley que decretaba la emergencia social hasta diciembre de este año y que asignó una partida de 30.000 millones de pesos (517 millones de dólares en la actualidad) para reforzar determinadas asignaciones, bajo supervisión de la jefatura de gabinete.
El próximo 27 de octubre se celebran elecciones generales en las que Macri aspira a revalidar su mandato.
