El 1 de junio Bukele asumió el cargo a sus 37 años como el presidente número 46, el más joven de la historia, en representación del partido GANA y con una nueva forma de hacer política.
Centró su estrategia electoral en las redes sociales, que siguen siendo su principal canal de comunicación con la ciudadanía, incluso para impartir órdenes ejecutivas. Por esa vía informó, por ejemplo, despidos de funcionarios públicos.
La diputada Urbina habla de miles de casos que no siguen ningún parámetro legal.
"Durante estos 100 días hubo una cantidad importante de despidos sin ningún debido proceso. Ha sido irrespetuoso de los derechos laborales que figuran en nuestro marco normativo. Esto es un notable retroceso en materia de derechos", ejemplificó Urbina, una de las vicepresidentas de la Asamblea Legislativa de El Salvador.
Estas medidas han generado polémica y roces entre los organismos estatales, ya que los empleados públicos cesados recurrieron judicialmente las demandas.
"De hecho la Corte Suprema ya le ha ordenado la restitución o la reubicación del personal mientras dura el caso", dijo la legisladora, quien mencionó una "medida cautelar" emitida por el mismo órgano, que "lo obliga a mantener al trabajador y la trabajadora en sus plazas" mientras se establece si le asiste razón jurídica al presidente en sus decisiones.
Urbina lamentó que, transcurridos los primeros 100 días, no haya una propuesta concreta para que la sociedad conozca los pasos que tiene pensado dar el Gobierno hasta 2024. Si bien el 30 de septiembre es la fecha para que el Poder Ejecutivo presente los presupuestos nacionales al Parlamento, opinó que sería importante una "mayor transparencia".
A pesar de la falta de información, la diputada destacó que Bukele marcó el rumbo con una serie de vetos que impuso en estos tres meses. "Más bien está pensando en la gran empresa y poco en la micro y pequeña empresa", cuestionó, y aportó que "el 68% del empleo" en El Salvador se genera en ese sector de actividad.
"Acabamos de reformar una ley para que 80% de los paquetes sociales que compra el Estado para beneficiar a la población, particularmente en el sector educación, sea adquirido a las micro y pequeñas empresas (...) pero ha ocurrido un veto porque no está de acuerdo el presidente", indicó la diputada.
"Lo que advertimos es que quiere beneficiar a las grandes empresas". Por eso, el FMLN ve con preocupación "una serie de nombramientos que nos indican un tipo de composición de gabinete que genera dudas entorno a la idoneidad, competencia e intereses que pueden representar".
La vicepresidenta de Asamblea Legislativa aseguró que los primeros 100 días de Bukele como presidente ya supusieron "una modificación de algunas estructuras importantes del Estado, como el haber desintegrado la Secretaría Técnica y Planificación", cambios que "indican un posible abandono de programas y políticas sociales que vienen beneficiando a la ciudadana".
