"La Iglesia católica en España funciona como un paraíso fiscal", concluye el informe, basado en un análisis de la última Memoria Anual de Actividades de la Conferencia Episcopal.
Según el documento —publicado por la organización Europa Laica—, la Iglesia católica recauda anualmente 335 millones de euros en donativos sin control fiscal, lo que supone un 36% de su financiación.
Europa Laica denuncia que uno de los beneficios más claros que obtiene la Iglesia es la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o los beneficios económicos derivados de la famosa "casilla de la renta".
Cuando los ciudadanos españoles hacen su declaración de la renta de forma anual, la administración tributaria ofrece a los ciudadanos la posibilidad de que una parte de su dinero se destine a subvencionar a la Iglesia católica, siendo la única confesión religiosa a la que se permite esta vía de financiación.
El informe publicado por Europa Laica denuncia además que existe una gran opacidad alrededor de las cuentas de la Iglesia.
Este fondo —prosigue el informe— cuenta con 80 millones de euros que la Iglesia obtuvo a partir de la casilla de la renta en 2007, además de otros 85 millones que no fueron gastados.
"La organización se apoya en una investigación que la revista Tiempo publicó en enero de 2017, según la cual la Iglesia católica habría ingresado unos 23 millones de euros como consecuencia de sus múltiples inversiones financieras, que no habrían sido inferiores a 2.500 millones y que podrían llegar hasta los 5.000 millones", señala el informe.
El documento también trata el polémico tema de las propiedades de la Iglesia, afirmando que el estamento eclesiástico no solo funciona como "un paraíso fiscal", sino también de un "paraíso jurídico consentido por un Estado que se presume democrático, aconfesional y de derecho".
"El responsable de la situación de privilegio económico que disfruta la Iglesia católica en España es el poder político y, por tanto, los sucesivos gobiernos de nuestra democracia desde hace 38 años", concluye el informe.
Para poner fin a esta situación, el Europa Laica exige al Tribunal de Cuentas que "fiscalice, de una vez en 2019, tanto las ayudas y subvenciones recibidas por todas las organizaciones y entidades de la Iglesia católica como las exenciones de que se benefician".
De esa manera, concluye el informe, se podría poner coto "al presunto enriquecimiento injusto" o a "las cantidades desconocidas imposibles de cuantificar" alrededor de la Iglesia.
