Lo mismo debe hacer con las compañías que cobran tarifas abusivas por la venta de electricidad y con los funcionarios públicos que han ejercido gastos en un entorno de opacidad.
El gas natural es un gran negocio para las empresas transnacionales considerando que se convertirá en el combustible más consumido a nivel nacional dejando atrás al petróleo en un corto plazo. La clave está en la generación de electricidad por la CFE que consume casi la mitad de gas natural, por lo que las empresas energéticas de Estados Unidos incrementarán sus ganancias por la venta del combustible. Estas corporaciones beneficiaron a su vez a las constructoras norteamericanas que contribuyeron en la construcción de los gasoductos, además de que los bancos de Wall Street apuntalaron sus ganancias tras aportar el financiamiento de la infraestructura.
La dependencia energética se profundizará ya que las importaciones de gas natural se incrementarán de forma significativa en donde Estados Unidos tendrá el rol dominante como proveedor. En consecuencia, la CFE quedó atrapada en la importación de gas natural para producir electricidad a través de los contratos negociados por el Gobierno anterior. Los contratos de los gasoductos estipulaban la obligación del Gobierno de pagar una tarifa variable que cubriría la compra del gas natural y los costos del mantenimiento de la infraestructura como materiales, seguros e impuestos.
Bajo los contratos originales, el Gobierno habría tenido que pagar 70.000 millones de dólares, pero la renegociación de las tarifas permitirá un ahorro de 4.500 millones de dólares. Para lograr este acuerdo, la CFE acordó incrementar la compra de gas natural aparte de extender la duración de los contratos que se encuentra entre 25 y 35 años.
Además, los contratos contienen cláusulas de casos fortuitos y de fuerza mayor en los cuales el Gobierno continuará pagando la provisión de gas natural en caso de huelgas, catástrofes naturales, retrasos administrativos, entre otros. Por ejemplo, la construcción de algunos gasoductos estaba detenida por la oposición de comunidades, hallazgos arqueológicos, entre otras causas. Al mismo tiempo, estos pagos obligarán a las empresas a extender la provisión de gas natural después del término del contrato durante un período equivalente al monto pagado por la CFE.
A pesar de los ahorros de los gasoductos, la CFE seguirá pagando una pesada deuda que asciende a 60.000 millones de dólares. A causa de esta situación, las utilidades de la empresa han decrecido en los últimos años, factor que no permitió incrementar el presupuesto para la producción de electricidad. El rezago en la producción de electricidad es significativo puesto que la mitad de la electricidad consumida a nivel nacional es producida por la CFE, el resto es comprado a empresas privadas por la compañía estatal que además ha otorgado subsidios para producirla.
Entre las medidas que consideramos fundamentales para reducir el costo de la electricidad están la eliminación de subsidios a las compañías privadas para la producción de electricidad, la erradicación del robo de electricidad en donde están involucradas grandes empresas como Bimbo, Walmart y OXXO y la eliminación de la opacidad de los gastos de infraestructura y personal administrativo. Con el cambio de funcionamiento, los ingresos públicos aumentarán de forma significativa de suerte que la inversión podrá aumentar para fortalecer a la empresa.
Así, el Gobierno pudo generar un ahorro importante para conseguir el objetivo de apoyar la soberanía energética que impulsará la industrialización ofreciendo precios competitivos en la electricidad.
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