"Se instruye a la Superintendencia de Banca y Sistema Financiero, Sudeban, para que prohíba toda transacción con el usurpador Juan Guaidó, tanto desde el punto de vista bancario, financiero, tanto en Venezuela como en el extranjero, y le remito a todo el sistema financiero para que le hagan saber a empresarios, comerciantes, personas naturales o jurídicas que deben abstenerse de realizar cualquier tipo de transacción", dijo Amoroso en rueda de prensa en Caracas.
El contralor presentó unos documentos en los que aparece una empresa de Javier Troconis, designado por Guaidó como directivo de Citgo, filial en EEUU de la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), con quien mantendría negocios.
El funcionario aseguró que con esas acciones Guaidó intentaría estafar a PDVSA en complicidad con empresarios y contratistas.
Las acciones ejercidas por la Contraloría evitaron que Troconis cobrara 127 millones de dólares, según Amoroso.
El Tribunal Supremo de Justicia había ordenado el 29 de enero las "siguientes medidas cautelares contra Juan Gerardo Guaidó Márquez (…) prohibición de enajenar y gravar los bienes de su propiedad y bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias y/o cualquier otro instrumento financiero en el territorio venezolano".
Guaidó, quien se autoproclamó presidente encargado de Venezuela en enero pasado, nombró autoridades alternas en Citgo y en algunas embajadas.
Irregularidades en alcaldías
El contralor además informó que abrirán una investigación administrativa contra dos exalcaldes Ramón Muchacho, del municipio Chacao, estado Miranda (norte), y Jhonnathan Marín, de Guanta, Anzoátegui (este), por presuntas irregularidades durante sus administraciones.
"Se evidenciaron irregularidades que dañan el patrimonio público (…) se acordó el inicio del procedimiento administrativo en la responsabilidad en el cual se encuentran involucrados", dijo Amoroso.
El contralor detalles de las irregularidades en las que presuntamente incurrieron los exfuncionarios.