"Es muy peligroso y equivocado decir que Argentina prácticamente no contribuye: sí lo hace al 0,7%", advirtió el titular de una de las organizaciones no gubernamentales más relevantes en este país.
Además, en la medición "per cápita estamos por encima de Italia, Brasil y México, así que Argentina tiene mucho para hacer para combatir las emisiones", sostuvo Nápoli.
El argumento del canciller Faurie es propio de quienes "nada quieren hacer para combatir el cambio climático y tratan de instalar que, como Argentina es pequeña en términos internacionales, da igual lo que haga", observó.
Argentina fue denunciada esta semana junto a Alemania, Brasil, Francia y Turquía por un grupo de jóvenes liderados por la sueca Greta Thunberg y que señalaron a las cinco naciones con emisiones más altas entre los estados que ratificaron la Convención de los Derechos del Niño.
Tras conocer la denuncia, el Gobierno de Mauricio Macri respondió a las críticas y presumió de estar elaborando una estrategia a largo plazo que aspira a lograr la neutralidad carbónica para 2050, a fin de eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al crecimiento productivo.
La Fundación puso en duda esta aseveración del Poder Ejecutivo, atenta a las políticas que se desarrollan en la actualidad en el sector energético, en el agro y en la ganadería, y en el uso de suelos.
Contradicción en las inversiones
El Gobierno destinó a los combustibles fósiles en 2018 un 97% de todos los recursos que destina a la energía, un 6,5% del presupuesto nacional, mientras que este año ha transferido en recursos más de 6.000 millones de dólares, el doble del financiamiento que recibieron las universidades nacionales.
Argentina compra en el mercado internacional el gas a 2,5 dólares por millón de BTU (siglas en inglés de unidad térmica británica), pero al mismo tiempo "establece un sendero de precios que les garantiza a las empresas que explotan el gas de Vaca Muerta hasta 7,5 dólares por millón de BTU: la diferencia es lo que reciben las empresas en subsidios para recibir el gas", reveló el director de FARN.
Ciencia puesta a prueba
El canciller argentino también afirmó esta semana que no había "elementos científicos que abonen que el impacto de nuestras vacas y de su extensión territorial sea del nivel que algunos otros sectores quieren atribuir".
En su intento de hacer crecer este sector, se generan no solo emisiones contaminantes, sino que el avance de la frontera agropecuaria reduce el bosque nativo en pos de aumentar la superficie cultivable, advirtió el titular de la ONG.
En base a estos resultados, el inventario de GEI muestra "que ha crecido bastante el sector agro porque se contabilizan cuestiones que antes no se tomaban en cuenta, y además hubo un proceso de deforestación enorme antes y después de la Ley de Bosques", acentuó Nápoli.
El presupuesto para el año 2020 prevé una asignación del 3,25% en relación al monto que establece la ley, con una inversión de 10,2 pesos (0,17 dólares) por cada hectárea de bosque nativo.
En consecuencia, la superficie de tierras forestales en Argentina se redujo en 2018 a 27 millones de hectáreas, el 10% de la superficie continental del país, de acuerdo al informe del estado del ambiente que presenta este viernes el Gobierno.
En 1998 los bosques nativos ocupaban 31,4 millones de hectáreas, según el primer inventario que se realizó aquel año, por lo que desde entonces la superficie forestal se redujo en 14,4 millones de hectáreas.
Energía renovable
El Gobierno argentino sí ha potenciado los proyectos de energía renovable, al punto que en casi cuatro años de gestión, llevó a que la generación que proviene de estos recursos represente el 5,9% de la matriz energética.
"Los países vecinos están en un proceso de sustitución de una energía por la otra, al igual que Europa, que no tiene combustibles fósiles, y opta por esa reconversión", contextualizó el director de FARN.
Si bien todo proceso de cambio en una matriz energética es muy lento, y en el caso de Argentina también, puesto que el esquema actual está instalado desde principios del siglo XX, sí es necesario cambiar de rumbo, alegó Nápoli.
Además de financiar la Ley de Bosques, Argentina también debería establecer un ordenamiento territorial "para que se sepa cuáles son los riesgos de dejar librado al mercado el crecimiento de la frontera agropecuaria, que tiene un gran impacto que es absorbido por las cuentas públicas a partir de las desertificaciones o inundaciones", completó.
El Gobierno se comprometió a que el 20% de la energía eléctrica consumida provenga de fuentes renovables para el año 2025.