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Analista: cierre del Congreso de Perú es un "dejà vu" del Gobierno de Fujimori

© AFP 2023 / Jaime RazuriAlberto Fujimori, expresidente de Perú
Alberto Fujimori, expresidente de Perú - Sputnik Mundo
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LIMA (Sputnik) — La decisión del presidente de Perú, Martín Vizcarra, de cerrar el Congreso es muy similar a la que adoptó el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) cuando perpetró un golpe de Estado, dijo a Sputnik el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga.

"Esto es un "dejà vu" del año 92, cuando el presidente Fujimori, también interpretando lo que pasaba en ese momento, dio un golpe de Estado con las Fuerzas Armadas", dijo a esta agencia Quiroga.

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El presidente Vizcarra dispuso la clausura del Congreso y la celebración de elecciones parlamentarias para el 26 de enero, al considerar que el órgano legislativo rechazó por tercera vez una cuestión de confianza solicitada por el Ejecutivo, en este caso para el tratamiento de un proyecto de ley que modificaba el proceso para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional.

La Constitución prevé que dos rechazos sucesivos a un pedido de confianza durante un mismo período de Gobierno facultan al presidente a adoptar esa medida.

Pero el Congreso, dominado por el partido opositor y fujimorista Fuerza Popular (derecha), estimó que el mandatario se extralimitó en sus funciones, ya que mientras Vizcarra anunciaba la clausura de la legislatura, los diputados aprobaron la cuestión de confianza que se habían negado a tratar poco antes.

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El Poder Legislativo aprobó entonces una suspensión del mandato de Vizcarra por un año y nombró de forma interina en la presidencia a la vicepresidenta Mercedes Aráoz.

Fujimori se convirtió en 1990 en presidente de Perú tras ganar las elecciones, pero con el autogolpe de estado de 1992, tomó las instituciones y modificó la Constitución de 1979 para añadir su reelección presidencial inmediata.

El expresidente viene cumpliendo una pena de cárcel de 25 años desde 2009, cuando fue condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante su mandato.

Quiroga aventuró que lo que va a pasar en Perú es igual a lo que ocurrió en 1992, ya que quien tenga el control de las fuerzas de seguridad y del Estado será el que "gane" la batalla.

"El problema es después, cuando se instaure la democracia, se va a tener que ver las responsabilidades del caso; todos los ministros que dieron el anterior golpe de Estado han sido procesados judicialmente", agregó.

Análisis

El constitucionalista explicó que la cuestión de confianza es una figura tomada del derecho parlamentario europeo para ratificar o no la presencia de un ministro en un determinado Gobierno.

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Hasta el año 79, el Congreso tenía plena libertad para censurar a los ministros o a los gabinetes presidenciales, explicó.

La Constitución del 79 generó un "contrapeso" para que, en caso de que el Congreso censurara a dos consejos de ministros en un mismo Gobierno, el presidente podía disolverlo, explicó.

Quiroga consideró que la cuestión de confianza no genera un abuso de poder por parte del Ejecutivo.

"Tal como está en la Constitución es correcta, lo que pasa es que el presidente ha excedido el límite constitucional; en la carta magna se dice que esta herramienta se puede utilizar cuando se derriben dos gabinetes, pero el Congreso actual no le negó el lunes la confianza a su gabinete", agregó.

En cambio, "el presidente ha interpretado que lo que el Congreso ha dicho que sí, en realidad es no. En su discurso, decreto y resoluciones habla de una negación de confianza fáctica en los hechos, lo cual es discutible también; interpretando un sí por un no, se dispuso a disolver al Congreso al mismo tiempo que éste dispuso que se le diera la confianza", agregó.

La cuestión de confianza es una figura que "estaba adormecida", ya que desde 2000 todos los presidentes habían tenido una mayoría relativa en el Congreso.

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Durante el actual mandato el Congreso ya había negado la confianza al Ejecutivo en 2017, por lo que hacerlo una segunda vez facultaba a Vizcarra a cerrarlo.

El Ejecutivo pedía el apoyo a un proyecto de ley que modificaba el método utilizado por el Legislativo para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional.

Según la Constitución, al producirse la negación de la confianza, el Gabinete se declara en crisis y el primer ministro tiene la obligación de renunciar junto con los demás ministros.

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