Las medidas del Poder Ejecutivo "podrían importar una erosión de la masa coparticipable a las provincias" sin contar competencia para ello, advirtió en su fallo.
El máximo tribunal del país resolvió que el Poder Ejecutivo nacional debe asumir los efectos fiscales de los decretos.
Los magistrados advirtieron que los costos fiscales de la aplicación de los decretos del presidente y de las resoluciones generales de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sean asumidos con recursos propios del Estado nacional.
El fallo beneficia a distintas provincias que recurrieron los decretos del presidente, entre ellas Catamarca (noroeste), Chubut (sur), Entre Ríos (este), Formosa (norte), La Pampa (centro), La Rioja (noroeste), Misiones (noreste), Salta (norte), San Juan (noroeste), San Luis (centro-oeste), Santa Cruz (sur), Santa Fe (centro-este), Santiago del Estero (norte), Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (sur) y Tucumán (norte).
Entre otras se reducía 50% los anticipos que deban ingresar los trabajadores autónomos en concepto de impuesto a las ganancias en los meses de octubre y diciembre del ejercicio 2019.
También se planteó la inconstitucionalidad del decreto 567/19 en tanto eliminó el IVA de ciertos productos de la canasta alimentaria hasta el 31 de diciembre de 2019.
Tras la amplia derrota del oficialismo en las elecciones primarias del 11 de agosto, se generó una inestabilidad financiera y económica que depreció el peso argentino un 27,7% desde entonces.
Atento a las elecciones generales del 27 de octubre, el presidente anunció varias medidas para intentar paliar la inflación que se vuelca con cada alza del dólar.
