"Se trata de un golpe de Estado impulsado por el presidente Martín Vizcarra (...) el presidente no se ha basado en la Constitución, la ha forzado", dijo a Sputnik Fernando Rospigliosi, quien fue dos veces ministro del Interior del Gobierno de Alejandro Toledo entre los años 2001 y 2004.
Vizcarra dispuso la clausura del Congreso y la celebración de elecciones parlamentarias para el 26 de enero, al considerar que el órgano legislativo rechazó por tercera vez una cuestión de confianza solicitada por el Ejecutivo, en este caso para el tratamiento de un proyecto de ley que modificaba el proceso para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional.
Pero el Congreso, dominado por el partido opositor y fujimorista Fuerza Popular (derecha), estimó que el mandatario se extralimitó en sus funciones, ya que mientras Vizcarra anunciaba la clausura de la legislatura, los diputados aprobaron la cuestión de confianza que se habían negado a tratar poco antes.
El Poder Legislativo aprobó entonces una suspensión del mandato de Vizcarra por un año y nombró de forma interina en la presidencia a la vicepresidenta Mercedes Aráoz.
"Queremos decir a la comunidad internacional que en Perú no ha habido ningún golpe de Estado ni existe una dictadura; lo que ha ocurrido es un cierre constitucional del Congreso con todos los requisitos legales cumplidos", afirmó Pariona a esta agencia.
Golpe de Estado
El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga dijo a Sputnik que la decisión del presidente es muy similar a la que adoptó el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) cuando ejecutó un golpe de Estado contra el parlamento.
"Esto es un dejà vu del año 92, cuando el presidente Fujimori, también interpretando lo que pasaba en ese momento, dio un golpe de Estado con las Fuerzas Armadas", dijo a esta agencia Quiroga.
Rospigliosi alegó que el presidente interrumpió el proceso de designación del Tribunal Constitucional, que se llevaba a cabo desde hacía 10 meses y era "perfectamente legal", porque es una potestad del Congreso.
"Él no podía interrumpirlo en el último día cuando ya estaba programado para designar a los nuevos miembros del Tribunal; no hay ninguna posibilidad legal y lógica para que eso ocurra", agregó.
El Congreso rechazó tratar inicialmente el proyecto del Ejecutivo y procedió a votar a dos de los magistrados del Tribunal Constitucional, pero ante la inminencia de que Vizcarra disolviera el Legislativo, los diputados aprobaron la confianza solicitada.
"Después de que eso ocurrió, (el presidente) decidió ilegalmente disolverlo; claramente se trataba de un pretexto para un golpe de Estado como los que ocurrieron en los últimos 35 años en América Latina", sostuvo.
En su opinión "el desenlace es incierto y los únicos perjudicados son los peruanos, no sabemos en qué va a acabar esto", agregó.
Acción constitucional
Consideró que "de ninguna manera" la acción del presidente podría definirse como golpe de Estado.
"Esta es una situación límite que se da en medio de un proceso de crisis institucional; los hechos de corrupción que se han ido conociendo en los últimos años en nuestro país vinculados al tema de Lava Jato y al sistema de justicia, han disparado una situación de crisis y de cuestionamiento de la legitimidad de las autoridades", agregó.
El Congreso es una institución muy mal evaluada por la ciudadanía, explicó.
"En ese proceso de crisis ha habido quienes han intentado del otro lado resistir al avance de esos procesos de investigación. (...) De hecho, ahora se habla de que próximamente va a venir de la fiscalía peruana información de congresistas vinculados a situaciones de financiamiento ilegal de campaña por parte de Odebrecht", agregó.
Perú es uno de los países donde más ha avanzado el conocimiento de los hechos vinculados a la presencia de empresas extranjeras y sus vínculos con los sectores políticos.
Ambas agrupaciones tienen miembros que están investigados por casos de corrupción, sobre todo en el escándalo Lava Jato.
El miércoles 2, la Fiscalía interrogará en Brasil al exdirector de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, una circunstancia que Pariona juzga como clave para entender la resistencia de la oposición a abandonar sus cargos y denunciar una supuesta ruptura del Estado de derecho.
"Ahora digo con contundencia que hay un temor del fujimorismo a las próximas revelaciones que lleguen de Brasil y que van a poder revelar a quiénes se refieren con los "codinomes" (nombres en clave que manejaba Odebrecht para los beneficiarios de sus sobornos), congresistas que en este Congreso (disuelto) han sido quienes recibieron dinero de la constructora",afirmó Pariona.
Vizcarra, quien completa el mandato del renunciante presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), carece de bloque legislativo propio y se ha visto enfrentado varias veces con la mayoría fujimorista en el Congreso, encarnada por el partido Fuerza Popular (derecha).
Todos los expresidentes del último ciclo democrático (excepto Alan García, quien se quitó la vida en abril antes de ser detenido) se encuentran presos o procesados por corrupción, al igual que la principal líder opositora, Keiko Fujimori.
