"Hemos llegado a un pico bastante bajo, a 22 focos de calor, lo más bajo de los últimos años (...), las unidades militares que combatían al fuego ahora hacen patrullajes para evitar nuevas quemas", dijo a reporteros el ministro de Defensa, Javier Zavaleta.
Según informes oficiales, en Bolivia cada año se queman más de un millón de hectáreas de pastizales en llanuras y serranías con fines de ampliación de la frontera agrícola, aumento del rendimiento de los cultivos y aprovechamiento ganadero.
Esas quemas controladas, conocidas localmente como chaqueos, devinieron en agosto en incendios sin control en la Chiquitanía debido a una extrema sequía combinada con altas temperaturas y fuertes vientos, explicó el Gobierno en respuesta a críticas de activistas ambientalistas.
A mediados de agosto, en el momento más grave del desastre, los focos de calor activos en esa región habían llegado a más de 8.400.
La declaración de Zavaleta confirmó dichos del secretario de seguridad ciudadana de Santa Cruz, Enrique Bruno, quien indicó, utilizando otro parámetro, que de 43 incendios que subsistían el 1 de octubre, a cifra había bajado a 33 el 2 de octubre y a solo 18 este 3 de octubre.
Zavaleta informó también que todavía rige el estado de movilización contra los incendios en Santa Cruz y anunció que en las próximas horas se decidirán pasos inmediatos como la eventual suspensión de las actividades del avión bombero Boeing 747 SuperTanker contratado por el Gobierno.
Esa nave y un avión Ilyushin prestado por Rusia lideraron una flotilla de una veintena de aviones y helicópteros que respaldaron el trabajo en tierra de hasta 7.000 bomberos, militares y voluntarios durante casi dos meses en la Chiquitanía.
La operación costó hasta ahora 23 millones de dólares al Gobierno boliviano, al margen de ayuda internacional en financiamiento, bomberos, maquinaria y expertos que colaboran en la definición de un plan de restauración de los bosques y prevención de incendios, dijo la ministra de Planificación, Mariana Prado.