"Las intensas lluvias de la última semana, en especial este fin de semana, prácticamente han sofocado todos los incendios, hoy estamos haciendo solo labores de control y vigilancia", dijo a reporteros el viceministro de Defensa Civil, Óscar Cabrera.
El anuncio de Cabrera fue anticipado por la secretaria de Medio Ambiente de la Gobernación de Santa Cruz, Cinthia Asín, en cuya jurisdicción está la Chiquitanía.
"Después de dos meses se ha controlado el fuego. Comenzó a principios de agosto toda la emergencia, todo agosto y septiembre hubo incendios de magnitud, y la lluvia ha sido fundamental para el control final", dijo la funcionaria cruceña, según reportó el diario Página Siete.
Ambas autoridades señalaron que las precipitaciones complementaron la ardua labor de millares de bomberos, militares, policías, técnicos y voluntarios que trabajaron en tierra, además de una veintena de aviones y helicópteros bomberos.
Cabrera dijo que en las tareas de extinción de los fuegos participaron hasta 7.000 personas, incluidos 4.700 efectivos militares que continuarán en la región al menos dos semanas más "en labores de control y prevención de nuevos chaqueos [quemas controladas] que pudieran devenir otra vez en incendios".
Asín apuntó que hasta un 45% de las áreas quemadas correspondía a zonas protegidas sin interés comercial sino esencialmente ecológico, entre ellas los parques Otuquis y Ñembi Guasu, en el Chaco sureño fronterizo con Paraguay y Brasil, además de Tucabaca, San Matías, los humedales Ramsar y la porción boliviana del Pantanal sudamericano.
"Todas las zonas, pastizales, bosques, han sufrido afectación directa; es una situación bastante triste, costará restaurar y ya se inició el plan de restauración", dijo Asín.
Entretanto, había discrepancias sobre el daño económico, pues la Gobernación cruceña calculaba en por lo menos 600 millones de dólares el valor de los recursos forestales perdidos, mientras el Gobierno nacional señalaba que el fuego afectó principalmente bosques no comerciales y pastizales de escaso uso.
Marcelo Pantoja, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (Anapo), uno de los gremios más poderosos de Santa Cruz, dijo la semana pasada que las tierras afectadas en la Chiquitanía no eran aptas para la agricultura intensiva y no estaban contempladas en los planes de ampliación de la frontera agrícola.
El Gobierno de Evo Morales ha gastado casi 25 millones de dólares para atender la emergencia de los incendios, pero su negativa a declarar desastre nacional lo enfrentó con la Gobernación cruceña, ambientalistas y hasta candidatos de oposición, que criticaron una supuesta lentitud en la respuesta al fuego.
Para el llamado "postincendio", el Gobierno ha asegurado asistencia técnica y financiera de varios organismos y países europeos, principalmente Francia que construirá en Bolivia un centro regional de capacitación de bomberos.
