"Le pedimos a la Jurisdicción Especial para la Paz que acabe con la impunidad y que reconozca que la violación de derechos reproductivos dentro de las filas de las FARC fue una práctica sistemática y generalizada que constituye un crimen de guerra y una grave violación a los derechos humanos", señaló Mariana Ardila, abogada de Women"s Link, según un comunicado de la organización.
"La labor de este tribunal estará incompleta si no se investigan, juzgan y sancionan estos delitos, y si no se tienen en cuenta la voz ni las historias de las mujeres que fueron víctimas, muchas de las cuales se encuentran hoy completamente desprotegidas", agregó Ardila.
El informe incluye como caso emblemático el de una excombatiente que fue reclutada por las entonces FARC a la edad de 14 años y que fue obligada a usar anticonceptivos y a abortar cuando hacía parte de esta guerrilla.
"Como consecuencia de las condiciones inseguras en las que le practicaron el aborto y de la coerción vivida, actualmente sufre graves complicaciones de salud", indicó Women"s Link Worldwide.
"La JEP tiene la oportunidad de emitir uno de los primeros precedentes a nivel mundial sobre las violaciones a derechos reproductivos dentro de los grupos armados, y de hacer una advertencia a aquellos que aún existen en el país y que continúan reclutando niñas que luego son sometidas por sus comandantes y compañeros de filas a estos tipos de violencia", concluyó la organización.
El Gobierno colombiano objetó el proceso de juzgamiento de este tipo de casos por parte de la JEP, que no los considera relacionados con el conflicto armado interno, y pide que sean evaluados por la justicia ordinaria.
