España refuerza la presencia policial en Cataluña ante la sentencia del 1-O

Según informa el diario catalán La Vanguardia, ya fueron trasladados a Cataluña 500 efectivos antidisturbios de la Policía Nacional, procedentes sobre todo de Zaragoza, Valencia y Madrid.

Por su parte, el diario El Confidencial informó que también se trasladarán a Cataluña equipos antidisturbios de la Guardia Civil Española.

Según señala este diario, citando a fuentes del instituto armado, el plan de las autoridades españolas —cuyos detalles no fueron hechos públicos por el Ministerio del Interior— consiste en reforzar la presencia policial en Cataluña en los próximos días con el desplazamiento de 700 guardias civiles y 800 policías nacionales.

Está previsto que el Tribunal Supremo de España emita en la primera quincena de octubre la sentencia contra los 12  líderes independentistas enjuiciados por delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia por el referéndum unilateral del 1 octubre de 2017, que se convocó ignorando la prohibición explícita del Tribunal Constitucional.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden para estas personas penas que oscilan entre los 8 y los 25 años de prisión.

​Entre las personas enjuiciadas destacan figuras como Oriol Junqueras, que en 2017 era vicepresidente del Gobierno catalán; o Carme Forcadell, que por aquel entonces era la presidenta del Parlamento de Cataluña.

El resto de los enjuiciados son ocho antiguos miembros del Gobierno catalán y los líderes sociales Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, presidentes de plataformas civiles —ANC y Ómnium, respectivamente— encargadas de liderar la movilización del independentismo en las calles.

El actual presidente del Gobierno catalán, Quim Torra, anunció en distintas ocasiones que "no aceptará" una sentencia condenatoria y prometió que el independentismo se organizará para dar una respuesta tanto a nivel institucional como civil.

Por su parte, el Parlamento de Cataluña adoptó recientemente una serie de resoluciones en las que, además de comprometerse a liderar la respuesta institucional a la sentencia, también califica como "legítimas" las conductas de "desobediencia civil" para responder a la decisión del Supremo.

​Del mismo modo, organizaciones como la ANC anunciaron que responderán a la sentencia con un plan de movilización con marchas que confluirán a pie desde distintos puntos de Cataluña a Barcelona, con lo que pretenden colapsar la red viaria catalana durante al menos tres días.