"El silencio editorial de la prensa conservadora del continente es otra prueba de la regresión política y social que sufre Ecuador, donde se vive un legítimo levantamiento popular y social contra políticas dictadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI)", aseguró el también activista de izquierda en diálogo con esta agencia.
"Nadia habla de los jóvenes lanzados desde un puente, ni de las detenciones arbitrarias, y en su lugar los grandes medios se hacen eco de la versión del Gobierno y de la Organización de Estados Americanos, que hablan de vandalismo y quieren responsabilizar al expresidente Rafael Correa", señaló Martínez.
Los principales medios de prensa en El Salvador tampoco reflejan la situación en Ecuador desde el punto de vista de los manifestantes, aunque el opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) emitió un comunicado de solidaridad con las personas que protestan con el paquete de medidas neoliberales decretadas por Moreno.
Tras el anuncio de una serie de medidas el 1 de octubre, entre ellas la eliminación de los subsidios al combustible, transportistas convocaron un paro general al que se sumaron otros sectores.
Las protestas se intensificaron en los últimos días, con cientos de detenidos, lo que llevó a Moreno a imponer el estado de excepción y mudar el gobierno de la capital, Quito, a la ciudad portuaria de Guayaquil (occidente).
"Los medios juegan un papel hipócrita, porque levantan las banderas de la clase dominante, pero la gente ahora es más consciente, hay ejemplos de resistencia popular que preocupan a los Gobiernos de derecha, y no les deja otro remedio que recurrir a la represión: la izquierda continental debe tomar nota de lo que está pasando en Ecuador", advirtió Martínez.
Bukele advirtió en su toma de posesión, el pasado 1 de junio, que El Salvador tendría que tomar una "medicina amarga" para mejorar su salud económica, símil que fue visto como un preludio de una posterior ola de despidos y purgas en el sector estatal.
Por lo pronto, Moreno aseguró que no anulará las medidas económicas, ampliamente criticadas principalmente por la eliminación de los subsidios por 1.300 millones de dólares al combustible y reformas laborales que afectan a empleados públicos.
