"Esta audiencia pretende establecer un diálogo que permita ampliar la información e insumos necesarios para determinar si se dictan medidas cautelares (actuaciones judiciales) en lugares en los que se presume habría cuerpos de personas dadas por desaparecidas y que se ubican en municipios de influencia de Hidroituango", señaló la JEP en un comunicado.
Se estima que 287 restos estarían en el municipio de Ituango, 236 en Puerto Valdivia, 65 en Peque, 54 en Briceño, 24 en Sabanalarga y 22 en Toledo.
La Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP requiere precisar el universo de víctimas de desaparición forzada, ubicar lugares formales e informales de inhumación de personas dadas por desaparecidas y determinar el número de cuerpos exhumados, identificados o no.
La audiencia también incluye a los ejecutivos de Hidroituango, ya que en el proceso de construcción del embalse se exhumaron 349 cuerpos que fueron sepultados en otras partes, lo que llevó a que solo 25 de ellos hayan sido identificados.
Durante años los campesinos de la región denunciaron la existencia de fosas comunes en las zonas donde se construyó Hidroituango, proyecto al que también responsabilizan por la muerte de varios líderes sociales que se oponían a la construcción del embalse.
Las organizaciones sociales pidieron a los magistrados de la JEP que no solo tengan en cuenta los 12 municipios que según la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales fueron afectados por el proyecto Hidroituango, sino el total de 27 que los movimientos sociales tienen en sus registros.
Según las organizaciones, en esos municipios 99,4% de los casos de desaparición siguen impunes, si se tiene en cuenta que hay denuncias de 2.675 víctimas de desaparición forzada, mil más que las que registran las autoridades.
