"Estas oficinas ocasionan perjuicios de imposible o difícil reparación al interés general y buscan la separación de España", advierte el documento judicial, según recoge El País.
La Cancillería española quiere que se paralice la apertura de las delegaciones que intenta abrir el Gobierno catalán en México, Buenos Aires y Túnez.
"Son un instrumento necesario para llevar a cabo una política de la Generalitat [Ejecutivo catalán], cuyo fin es la separación de España", señala el recurso.
Por el contrario, la reacción del Ejecutivo catalán fue designar a los responsables de esas delegaciones, que todavía no están abiertas.
En la actualidad, el Gobierno catalán tiene un total de 15 delegaciones en funcionamiento, que ya se intentaron cerrar tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que quitó la soberanía a Generalitat.