"El plan desestabilizador fue preparado incluso antes de mi triunfo electoral, sin embargo, uno de los elementos que más lo confirman es la presencia de dirigentes que se denomina la Revolución Ciudadana y la presencia inclusive de Correa", declaró Moreno.
"Todos estos grupos quieren quebrar la democracia en nuestro país", agregó.
Moreno mencionó en particular la infiltración de elementos criminales en el movimiento indígena.
"Un grupo se infiltró y fueron separados del movimiento, identificados como gente pagada que causaron conflictos en los alrededores del Palacio de Gobierno. Muchos fueron capturados e identificados procedentes de grupos terroristas, criminales", dijo.
A juicio de Moreno, las evidencias apuntan hacia Correa como "un actor fundamental en este proceso de desestabilización".
Moreno cuestionó que su predecesor vuelva a ser candidato en las urnas, alegando que el pueblo lo rechazaría.
“Una deuda inmensa, cuentas totalmente desordenadas, obras faraónicas, mal hechas y con mucha caja de corrupción. Creo que es suficiente experiencia para que un pueblo, como es el ecuatoriano, lo vuelva a rechazar”, opinó.
Preguntado sobre el traslado de su Gabinete a Guayaquil, Moreno alegó que "el centro de Quito es lugar cerrado que había que protegerlo".
"No había facilidad de acercarse al Palacio, por eso decidí trasladar la sede de Gobierno a Guayaquil", añadió.
Después de que el Gobierno de Moreno anunciara una serie de medidas económicas a principios de este mes, entre ellas la eliminación de los subsidios al combustible, los transportistas convocaron un paro general que levantaron tras dos días de negociaciones sobre subidas a los servicios de transporte de cargas y pasajeros.
Sin embargo, las movilizaciones continuaron lideradas por otros sectores afectados.
Desde el 4 de octubre en Ecuador rige un estado de excepción decretado por Moreno para frenar a grupos a los que acusa de realizar saqueos, ataques y destrozos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó el miércoles de decenas de heridos, 477 detenidos y 31 periodistas agredidos en el país andino.
