"Curiosamente, la continuidad en Bolivia significa ahora seguir en el cambio; o al revés, quienes piden un cambio de gobierno lo que en realidad quieren es volver a lo de antes, al neoliberalismo", dijo a Sputnik el sociólogo y analista Vicente Guardia.
A diferencia de su prestigio político global, como abanderado de mayorías otrora menospreciadas y declarado "antiimperialista", el mandatario es resistido en su país, principalmente por clases medias que no le perdonan que haya impuesto su nueva candidatura invalidando un referéndum celebrado en 2016 que desautorizó la reelección indefinida.
El presidente boliviano con más tiempo en el cargo tiene en su haber transformaciones políticas profundas, que incluyen el empoderamiento de las mayorías campesinas e indígenas, crecimiento económico sin precedentes y estabilidad social.
Y si bien la bonanza económica del país —primero en crecimiento en Sudamérica en el último quinquenio— parece estar en declive, el presidente fue optimista durante su campaña electoral respecto a que Bolivia crecerá aún más rápido cuando maduren megaproyectos industriales de gas natural, hierro y litio, todos en actual ejecución, por cuenta estatal o en sociedad con capitales privados extranjeros.
Sin embargo, sus críticos cuestionan tanto el riesgo de dificultades económicas a corto plazo, producto en parte de la política de fuertes inversiones públicas, como las credenciales democráticas de Morales, a quien califican de "autoritario" y "dictador".
El analista sostuvo que, en lo político, el "proceso de cambio" ha dado a Bolivia una nueva Constitución, que reconoce y consolida la participación en la vida nacional de 36 pueblos indígenas anteriormente relegados a condición de "semiservidumbre", pese a que suman una amplia mayoría nacional.
"El primer gran resultado del cambio político es la estabilidad, manifestada principalmente en un Gobierno fuerte de casi 14 años, en claro contraste con una historia nacional de inestabilidad, con presidentes anteriores que en promedio duraban menos de tres años, y hasta cinco presidentes en los cinco años anteriores a Morales", observó el sociólogo.
En lo que respecta a las finanzas, el llamado "Modelo Económico Social Comunitario Productivo" iniciado con la nacionalización de hidrocarburos en 2006, que luego se extendió a todos los recursos naturales y a la mayoría de las empresas públicas que estaban privatizadas, ha significado todo un "boom" en el país.
Esas cifras representan una inyección de recursos que ha posibilitado un crecimiento económico sostenido gracias al cual el Producto Interno Bruto del país creció de 9.000 millones de dólares en 2005 a más de 40.000 millones en 2018.
"Bolivia fue el país suramericano con mayor crecimiento en los años 2009, 2014, 2016 y 2018, su moneda es una de las más fuertes del continente, todos los indicadores socioeconómicos han mejorado notablemente, incluido el salario —el salario mínimo boliviano ya es mayor que el de sus vecinos Perú y Argentina—, y la sangría migratoria se ha ralentizado", afirma el reporte del CELAG.
Oposición
Los dos principales candidatos opositores, el expresidente Carlos Mesa (2003-2005), y el senador Óscar Ortiz, no han prometido cambios económicos sustanciales que podrían poner en riesgo la estabilidad del país, proclamada por Morales como "patrimonio del pueblo".
Mesa ha presentado un plan de Gobierno que plantea dejar intactas las principales políticas económicas, como las nacionalizaciones, los bonos sociales y la estabilidad cambiaria.
Por su parte, Ortiz, con una identidad derechista más clara, ha ofrecido una reforma tributaria para alentar inversiones privadas, a la par de una reducción del Estado y de las inversiones públicas.
Los candidatos opositores "en el fondo reconocen el éxito económico del proceso de cambio, aunque no lo quieran admitir abiertamente", afirmó Guardia.
Tanto Mesa como Ortiz sí han sido claros al atacar lo que ven más cuestionable del Gobierno, la corrupción, de larga data en la vida política boliviana, y su conducta autoritaria, inclusive dictatorial para algunos.
A causa de esta nueva postulación, permitida por la justicia ordinaria y la justicia electoral, desconociendo el resultado de un referéndum de 2016 que rechazó la reelección indefinida, Morales ha enfrentado en los dos últimos años y en la actual campaña electoral, duras condenas de la oposición y de plataformas ciudadanas, que lo tildan de antidemocrático.
"El 20 de octubre se verá qué pesa más: la democracia como fin o como medio; la ciudadanía votará en el fondo si quiere la continuidad del período de estabilidad y crecimiento, más allá de las dificultades aparentes de las instituciones democráticas, o por un cambio sin importar las consecuencias económicas", añadió Guardia.
Un total de 7.315.364 personas están habilitadas para votar en las elecciones nacionales del 20 de octubre, según datos del Órgano Electoral Plurinacional.
De estas, 6.974.363 están habilitadas para votar en Bolivia, y 341.001 en el exterior del país.
