"Lo peligroso del control preventivo de identidad es la arbitrariedad que puede generar, la discriminación, y que dependerá del criterio la policía", sostuvo Castillo a Sputnik.
Con 87 votos contra 58, los diputados chilenos le dieron el visto bueno a la iniciativa oficialista que busca modificar la actual legislación chilena sobre control preventivo de identidad, la que actualmente permite a las policías abordar aleatoriamente solo a personas mayores de 18 años en la calle, solicitando sus documentos con el fin de revisar si tienen alguna orden de detención pendiente.
"Este control se dice que es preventivo, pero se hace sin la necesidad de haber ningún indicio (delictivo), y la discriminación generará que sean detenidos los niños más pobres, con ciertas vestimentas, personas más morenas, y jamás veremos que se le haga un control de identidad a los hijos del presidente Sebastián Piñera o del ministro (del Interior) Andrés Chadwick", señaló.
A su vez, comparó el proyecto con la "detención por sospecha", una herramienta utilizada por las policías durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile (1973-1990) para detener a aquellas personas que parecían andar con "actitud sospechosa" en las calles.
"El control preventivo es un primo hermano de la detención por sospecha, pero incluso es peor, porque acá ni siquiera se necesitan indicios", afirmó.
A su vez, argumentó que "todos los organismos relacionados a los derechos del niño, tanto nacionales como internacionales, se han manifestado en contra de esta iniciativa, lo que deja a Chile en una posición de mucha vergüenza en el mundo".
Por último, sostuvo que "esperemos que el Senado no permita que se apruebe esta norma, y que ellos sean más respetuosos por los derechos de la niñez".
Además de reducir la edad mínima del control de identidad de 18 a 16 años, también exige que los policías exhiban su placa y señalen su nombre y grado a la persona a la cual se le está practicando el control, y dispone un sistema para que posteriormente, las personas controladas que se sintieron discriminadas o denigradas puedan recurrir para denunciar el procedimiento.
En un comienzo, la iniciativa de Piñera buscaba reducir la edad mínima a 14 años, pero tras un acuerdo del oficialismo con el Partido Demócrata Cristiano, el sector más conservador de la centroizquierda, la norma quedó establecida en 16, negociación que permitió su avance legislativo.
Sólo resta la aprobación del Senado para que el proyecto pueda ser promulgado como ley de la República por el presidente.