"El Gobierno Nacional, durante todos los días de movilizaciones se dedicó a culpar de los hechos al correísmo y decir que era un complot fraguado por Correa y [el presidente de Venezuela, Nicolás] Maduro para desestabilizar el Ecuador, cuando lo único que hemos hecho es plantear salidas constitucionales a lo que vivía el país", afirmó el dirigente.
Desde el 2 hasta el 13 de octubre, las protestas en contra la eliminación del subsidio a la gasolina de 87 octanos y al diésel, decretada por el presidente Lenín Moreno, convulsionaron Ecuador.
Por su parte, Hernández consideró que las máximas autoridades de Ecuador han responsabilizado a los dirigentes de Revolución Ciudadana de la violencia ocurrida en las protestas "sin ninguna prueba".
"Presidente, vicepresidente y sus ministros no ahorraron calificativos: 'mafiosos'; 'terroristas', 'golpistas'; 'zánganos'; 'desestabilizadores' y una serie más de adjetivos usados por el poder para intentar desprestigiar la movilización, aunque los propios dirigentes indígenas tomaban distancia del correísmo", afirmó.
Las únicas pruebas que presentó el Gobierno de este supuesto "plan desestabilizador" es que en semanas anteriores a la movilización, la actual Prefecta de Pichincha, Paola Pabón, Hernández y Patiño, quien "nunca viajó porque está refugiado en México", visitaron a Correa que se encontraba en Caracas, señaló Hernández.
Hernández afirmó que la prueba que el Gobierno tiene en su contra es haber afirmado que "se cae el paquetazo o se cae el Gobierno", tema que consideró "obvio" para quienes conocen la historia del Ecuador.
Ante la "cruel represión", los seguidores de Correa propusieron la aplicación de la Muerte Cruzada, que es una figura constitucional contemplada en los artículos 130 y 148 de la Carta Magna mediante la cual la Asamblea Nacional puede destituir al Presidente y viceversa, precisamente cuando hay grave crisis política y conmoción interna, expresó.
Consideró que responsabilizar a los seguidores de Correa de los hechos vandálicos es un "absurdo" porque la inteligencia del Estado sabe la composición de Revolución Ciudadana, ya que la han estado "investigado desde hace meses y tienen certeza de que hemos sido sus firmes opositores pero en el marco de la Constitución".
Persecusión
Virgilio dijo que desde la madrugada del lunes 14 se desató la "persecución contra el correísmo", ya que ese día fueron allanados los domicilios de la Prefecta de Pichincha, su domicilio y el de 5 personas fueron "destruidos".
"Se detuvo a Paola Pabón, otro dirigente de Revolución Ciudadana, Cristhian González y una persona vinculada a la pastoral social y se emitieron órdenes de detención con fines investigativos para mi y otras tres personas. No me encontraba en mi domicilio por elementales razones de seguridad", agregó.
"En mi caso, ratifico ante ustedes mi voluntad de concurrir al proceso (...) El concurrir al proceso también permitirá que el presidente de la República y altos funcionarios demuestren las graves acusaciones o queden en evidencia frente al país, no espero disculpas ni indemnizaciones, simplemente la verdad para que mis hijos puedan saber que las cosas que se dijeron de su padre solo eran un abuso de poder", agregó.
El delito por acusan a los dirigentes de Revolución Ciudadana es el de rebelión, que podría tener penas que van desde los 5 a 10 años.
Además, Virgilio Hernández negó que estuviera refugiado en la embajada de México, como habían anunciando algunos medios locales.
"No estoy refugiado y voy a concurrir al proceso judicial que hay en mi contra, simplemente quiero que se me brinden las garantías de la Constitución y [las] convenciones internacionales de derechos humanos", dijo el dirigente a Sputnik.
Los medios ecuatorianos habían informado que Hernández estaba refugiado en la embajada de México en Ecuador, al igual que la asambleísta Gabriela Rivadeneira.
"Quiero concurrir al proceso para que mis hijos puedan saber que las cosas que se dijeron de su padre solo eran un abuso de poder", expresó el exasambleísta.
Según el portal de noticias local Primicias, Hernández está refugiado en la embajada de México en Ecuador, al igual que la asambleísta Gabriela Rivadeneira, quien dijo que ha padecido "un seguimiento extrajudicial en los últimos días".
También el 14 de octubre, la prefecta de la provincia de Pichincha e integrante de Revolución Ciudadana, Paola Pabón, fue detenida en la madrugada.
La funcionaria fue acusada días atrás por el Gobierno del presidente Lenín Moreno de ser una de las instigadoras para las movilizaciones y protestas que se realizaron en varias ciudades del país y en las que hubo saqueos y destrucción de bienes, sobre todo en Quito, pero también en otras ciudades como Cuenca, en el sur del país.
El Gobierno de México recibió el 14 de octubre en su embajada en Quito a seis personas vinculadas a Revolución Ciudadana.
Revolución Ciudadana estudia la posibilidad de iniciar un juicio político contra el Gobierno, por la represión que impulsó durante las protestas y la persecución que realiza contra los seguidores de Correa, dijo el 14 de octubre a Sputnik el asambleísta Franklin Samaniego.
El domingo 13, con la mediación de la Organización de las Naciones Unidas, de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y la veeduría de las diferentes funciones del Estado, los movimientos indígenas y el Gobierno llegaron a un acuerdo que puso fin a las protestas que mantenían convulsionada a la nación andina.
Según datos de la Defensoría del Pueblo, entre el 3 y el 13 de octubre, ocho personas murieron, 1.340 resultaron heridas y 1.192 detenidas, en el marco de las movilizaciones.
También fueron heridos 94 policías.
