"Lo celebro, fue un buen día, porque el Senado aprobó dos reformas constitucionales: una, que se pueda llevar a cabo la consulta para la revocación del mandato", dijo el mandatario.
La segunda reforma establece que se considere como "delincuencia organizada" la defraudación fiscal, la facturación falsa y las empresas fantasmas, que según el gobernante cuestan al fisco 400.000 millones de pesos al año (más de 20.000 millones de dólares).
Para evitar que se agrave el daño, "ahora el ciudadano puede decidir si continúa o renuncia (un presidente o gobernador); el pueblo pone y el pueblo quita, está en el artículo 39 de la Constitución el derecho a cambiar la forma de su Gobierno, pero era una entelequia, un principio general", prosiguió el jefe de Estado en su conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional.
Con 98 votos a favor, 22 en contra y una abstención, el Senado aprobó la noche del 15 de octubre el dictamen de reformas constitucionales en materia de "consulta popular y revocación de mandato".
AMLO @lopezobrador_ revela lo que de verdad es el poder para él https://t.co/SurEvta84q pic.twitter.com/lD3VfdZlth
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) July 23, 2019
El jefe del Ejecutivo lo considera como un avance "porque se le va a preguntar a la gente si quieren que continúe el presidente o renuncie".
Al mismo tiempo, descartó que sea una puerta para legitimar la perpetuación en el poder.
"Los conservadores, que se distinguen por la hipocresía o el doble discurso, piensan que somos como ellos y que la reforma se hace para lograr la reelección", subrayó.
El jefe de Estado dijo que, al contrario, la reforma constitucional impulsada por su partido, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), es para darle la oportunidad a los opositores, de acortar el mandato de seis a tres años.
La reforma aprobada por la Cámara Alta es "un acto democrático de primer orden" para que en tres años pueda convocarse por vía legal al cambio de Gobierno, enfatizó López Obrador.
Elevada participación requerida
El presidente también aplaudió que, a pesar de que el jefe de Estado no podrá convocar a un referéndum, eso no le impide llamar "a los ciudadanos a que se organicen, recojan las firmas y se realice la consulta".
La nueva figura electoral deberá ser solicitada por al menos el 3% de los ciudadanos inscritos en la lista de electores, y el porcentaje de participación requerido en el referéndum fue establecido en 40% de los electores inscritos.
López Obrador comentó que los legisladores debieron reducir el porcentaje requerido para la convocatoria.
"Estamos hablando de 2,5 millones de ciudadanos que tienen que firmar, debieron ponerla más fácil para juntar las firmas", expresó.
Asimismo, criticó que "pusieron muy alto el porcentaje de participación para que la consulta tenga validez, solicitando 40% de participación".
La reforma constitucional establece que la destitución mediante un referéndum revocatorio solo podrá solicitarse "una vez durante los tres primeros meses del cuarto año del período constitucional de la Presidencia o de un gobernador", que en México es sexenal.
La oposición promovió esa condición para evitar que su figura aparezca en la papeleta electoral o distorsione esos comicios.
El jefe del Ejecutivo expresó que "quería que la fecha fuera el 2021, más que el 2022, al final los del partido opositor conservador votaron en contra, son esas cosas que los pintan muy bien", ironizó.
La reforma permitirá destituir a un presidente o gobernador "por incapacidad, por incumplir su plataforma y sus compromisos de campaña".
Los perredistas argumentaron que la Constitución prohíbe la reelección de presidente, mientras que los panistas consideran que es una "trampa" para la promoción del mandatario.
El 19 de marzo pasado, López Obrador firmó una carta de compromiso para ratificar su promesa de campaña de que no buscará la reelección al cargo.
