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"Colombia se enfrenta a las mismas recomendaciones que el FMI hizo a Argentina y Ecuador"

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El Congreso de Colombia deberá votar nuevamente el proyecto de ley de financiamiento tras su anulación por parte de la Corte Constitucional. De acuerdo al economista Mario Valencia, en el país está en juego el fortalecimiento de una política de ajustes recomendados por el FMI como las de otros países de la región.

La Corte Constitucional había recibido al menos 24 demandas contra la ley de financiamiento —norma que reúne las pautas presupuestales y fiscales del Gobierno— hasta el pasado miércoles 16, momento en que la mayoría de sus magistrados coincidieron en dejarla sin efecto.

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Las causas de la decisión no referían a cuestiones de fondo sino de forma: los plazos para su presentación a los legisladores habían sido menores a los establecidos legalmente.

La noticia significó un golpe duro para el Ejecutivo, que deberá volver a someterla a votación. De todas formas, según aclaró en conferencia de prensa el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, esta se presentará "tal cual fue hecho la primera vez, sin cambiarle ni una coma".

Según explicó a Sputnik el economista colombiano Mario Valencia, director del Centro de Estudios del Trabajo de ese país, hay dos puntos centrales en la norma que dividieron a la opinión pública. Uno es la implementación de más impuestos a las personas físicas, y el otro es la disminución de tributos a las empresas.

"Por una parte los impuestos o las tarifas nuevas que se incrementan son, en términos generales, gravámenes indirectos: al consumo o a la renta de personas naturales. Con esto el Gobierno proyecta recaudar siete billones de pesos cada año [2.035 millones de dólares], detalló el experto.

El objetivo de tal medida es tener margen para reducir los impuestos directos a la renta de las empresas, en el entendido de que al bajarlos las compañías crean más empleos. Idea que, apuntó Valencia, no es más que una hipótesis que no ha sido demostrada.

"Entonces por la segunda parte lo que tiene esta reforma tributaria, introducida por la ley, es una reducción de impuestos a las personas jurídicas o a las corporaciones. Esta va a costar 9,5 millones de pesos cada año [2.760 millones de dólares]. Así que en términos generales el recaudo neto obtenido será negativo", agregó.

Si bien la ley podrá ser sometida a discusión y modificación nuevamente, debido a la actual composición del Congreso no se esperan modificaciones importantes, sino más bien una aceptación general del texto. Esta respuesta legislativa contrastaría, de acuerdo a Valencia, con los reclamos sociales vigentes.

"El país está experimentando una intensificación de la protesta social, causada por las mismas decisiones del Gobierno y por el espejo que se tiene frente a lo que ha pasado en Ecuador", indicó el entrevistado.

"Porque tristemente las recomendaciones que el Fondo Monetario Internacional ha hecho a Argentina y Ecuador son exactamente iguales a las que hizo a Colombia en el marco de una línea de crédito flexible que tiene aprobado para el país", agregó.

El plan del Ejecutivo para responder a las recomendaciones de la institución financiera incluye una reforma tributaria, una pensional y una laboral.

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