Frozen: el operativo para sellar las fronteras al tráfico ilegal de armas desde EEUU a México

El 21 de octubre, el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, anunció por redes sociales que había mantenido una reunión con los representantes estadounidenses en la cual participó el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, el personal de la Agencia para el Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional, el Buró Federal de Investigación, así como los representantes del Gabinete de Seguridad mexicano.

Según la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, más del 70% de las armas que fueron confiscadas por las autoridades mexicanas entre diciembre de 2018 y agosto de 2019 es de fabricación estadounidense.

"Enfrentamos un problema estructural, no es algo que de la noche a la mañana se puede detener porque es un problema del mercado y no solo de las armas", comentó a Sputnik el periodista de investigación y especialista en el tema John Lindsay Poland, basado en California (Estados Unidos).

Para Natalia Báez, politóloga internacionalista e investigadora de la Comisión mexicana de defensa y promoción de los derechos humanos, aunque el enfoque actual esté centrado en el tráfico ilegal, "hemos querido impulsar una mayor atención sobre las armas que ya están en México" y particularmente por el desvío ilegal de las armas que son importadas legalmente.

¿Qué se sabe del nuevo plan para enfrentar el comercio ilegal de armas?

Los secretarios de Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y de Marina, Rafael Ojeda, así como el encargado de la Guardia Nacional, el general retirado Luis Rodríguez Bucio, atendieron al llamado hecho por el Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo a participar de la reunión, según lo publicado por el secretario Ebrard.

Aunque no se ha mencionado qué temas formaron parte de la agenda, este encuentro ocurre menos de una semana después de que la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa, fuese tomada por paramilitares, en respuesta a un operativo fallido para detener a Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, recientemente condenado en Estados Unidos por narcotráfico.

La Embajada de Estados Unidos publicó a su vez en redes que "hay voluntad política para enfrentar el reto compartido" y que "ambos lados acordaron moverse rápidamente para compartir información y entregar resultados concretos con este esfuerzo".

​"Los hechos de la semana pasada en Michoacán, Guerrero (en dos episodios armados que concluyeron con 28 muertos) y Sinaloa, han acelerado un diálogo entre México y Estados Unidos que ya estaba en caminos, incluso antes de las amenazas del presidente Donald Trump de alzar los aranceles", dijo Poland en la entrevista.

Tampoco fue sorpresiva la reunión para Báez: "Ya habíamos escuchado en el discurso de Marcelo Ebrard que el tráfico ilegal de armas era un tema en su agenda, que se detonó con apresuramiento a partir de lo que sucedió en Culiacán".

Aunque aún se sabe poco acerca de cómo se decidió el operativo que buscó detener al hijo del Chapo, esta reunión del Gabinete de Seguridad con el embajador norteamericano alimenta la lectura de la participación del Gobierno estadounidense en el caso.

A pesar de que ese día no se concretó la detención de Guzmán López, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el operativo se hizo buscando cumplir un pedido de extradición del Gobierno norteamericano, vigente desde un año atrás, en setiembre de 2018. El Gobierno mexicano informó que no se tenía la orden de cateo necesaria para entrar al domicilio a detener al hijo del capo, pero que se intentó de todos modos, dejándolo en libertad horas después.

Según publicó el reportero de investigación sinaloense Marcos Vizcarra, un mes antes de este intento de detener a Guzmán López, el director de la Administración para el Control de Drogas —DEA, por sus siglas en inglés—, Uttam Dhillon, visitó Culiacán por primera vez en la historia. El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, pidió su colaboración por medio de recursos de la Iniciativa Mérida, con la que Estados Unidos ha financiado la guerra contra el narcotráfico en México durante la última década.

Tanto Báez como Poland estuvieron de acuerdo en que se vive una "carrera armamentística" entre los grupos paramilitares y los Ejércitos regulares. Y que esto pudo verse claramente en el poder de fuego que enseñaron los grupos armados de Culiacán portando armas de guerra, como los fusiles Browning m2 o la Barret, ambos calibre 50 y de altísima letalidad.

Por un lado, distintas organizaciones de derechos humanos buscan que la Secretaría de Defensa transparente datos acerca del destino final de las armas que importa, ya que tiene el monopolio.

Por otro lado, en el Congreso de Estados Unidos está detenida una reforma legal que pasaría el control de la exportación de armamento del Departamento de Estado al Departamento de Comercio, debilitando el proceso legal de exportación, en cuanto a verificar que las armas no lleguen al crimen organizado paramilitar.

"Desde nuestra perspectiva hay que detener la capacidad de violencia en ambos lados", concluyó Poland.