"La dictadura de Pinochet dejó institucionalizado un modelo neoliberal en Chile que instauró muchas injusticias que hoy tienen al país en este estado, y las protestas demuestran que el modelo fracasó", señaló a Sputnik el presidente del Partido Comunista de Chile, el diputado Guillermo Teillier.
Este jueves 24 se cumplieron en Chile siete jornadas de masivas protestas ciudadanas, y en medio de la que ya fue considerada como la mayor crisis social en ese país desde el retorno de la democracia en 1990, diversos medios internacionales recordaron una frase que el presidente Sebatián Piñera declaró en una entrevista a comienzos de mes: "en medio de esta América Latina convulsionada, Chile es un verdadero oasis con una democracia estable".
Si bien todo comenzó como una protesta en contra de un alza de 30 pesos (menos de un dólar) en el pasaje del Metro, hoy las demandas de la ciudadanía que se manifiesta apuntan a los temas de fondo, al modelo que se arrastra hace 30 años desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y que, según muchos chilenos, se fue profundizando también en democracia.
Por esta situación, la consigna general del movimiento es que esto "no es por 30 pesos, es por 30 años".
Los detonantes
Una serie de situaciones específicas ocurrieron durante el mes de octubre que llevaron a que finalmente los chilenos salieran en masa, de a cientos de miles, a manifestarse, y aunque fueron bastante menores, fueron consideradas como los detonantes simbólicos de un descontento general.
Esta práctica se hizo cada vez más común con el paso de los días, y el 8 de octubre la prensa fue a preguntar al Gobierno su posición sobre el rechazo al alza del pasaje, y el ministro de Economía Juan Andrés Fontaine se encargó de responder, invitando a la gente a que se levantara más temprano para ir a trabajar, ya que el Metro es más barato antes de las 07:00 am.
"El que madruga puede ser ayudado con una tarifa más baja", señaló, con un tono que fue considerado irónico y burlesco en contra de los trabajadores.
Esta sola frase dio a entender que el Gobierno no estaba tomando en serio el descontento ciudadano, e incluso la ministra de Transportes, Gloria Hutt, el viernes 18 de octubre fue más enfática y descartó tajantemente rebajar el precio: "la decisión está establecida ya", dijo.
El último detonante surgió ese mismo viernes, cuando el diario italiano Corriere della Sera publicó una foto que ya circulaba por redes sociales del presidente Piñera en un restaurante de pastas con su familia en medio de las protestas, titulando: "Chile arde mientras él come pizza".
Chile despertó
Después de ese viernes 25, los chilenos salieron continuamente todos los días a la calle en todas las urbes importantes del país, y siempre entonando el mismo cántico: "oh, Chile despertó".
"Desde el retorno a la democracia existen demandas sociales que no se han abordado, como el sistema privado de pensiones, el sistema educacional, los derechos laborales, y esto generó un cuadro de presión que finalmente explotó", señaló.
El experto explicó que gran parte de las demandas ciudadanas responden a la fuerte desigualdad económica y social que existe en Chile, "este fenómeno abarca todo y se expresa de varias maneras, desde la forma en que se distribuye la riqueza, hasta cosas muy generales como el costo de la vida.
"Las demandas de la gente apuntan a todo lo estructural, al modelo de desarrollo que implica el neoliberalismo, y los chilenos están pidiendo desde lo más básico que es el aumento del sueldo mínimo, hasta lo más complejo que es cambiar la Constitución de 1980", afirmó.
Para el diputado Guilliermo Teillier, presidente del Partido Comunista, la cosa es clara: "el alza del precio del Metro fue un detonante, pero a esta altura ya a nadie le interesa, porque ahora la población está expresando lo que guardó durante 30 años, aguantando las injusticias impuestas durante la dictadura de Pinochet".
Teillier es militante del Partido Comunista desde 1958, durante el régimen militar fue detenido, torturado, y obligado a vivir en la clandestinidad, y actualmente como parlamentario se enfocó en detectar y denunciar las leyes que fueron impuestas por Pinochet y que se arrastran hasta la legislación de hoy, leyes que según él, son injustas y fueron mermando la equidad social.
"La gente está pensando en cosas más importantes, en cambios estructurales, queremos cambiar el sistema de pensiones, hacer una reforma tributaria justa, subir los salarios, mejor salud, no vivir en este mundo de desigualdad", dijo.
Además, agregó que "primero tenemos que partir por cambiar la Constitución de 1980, redactada en la dictadura", afirmó.
"Prometer cosas inmediatas sería una buena señal, pero la sociedad chilena quiere cambios profundos", cerró Teillier.
El martes 22 de octubre el presidente Piñera presentó un paquete de medidas sociales que incluyen
- un aumento en el sueldo mínimo,
- un aumento en las pensiones de algunos grupos de jubilados,
- un impuesto para las personas que ganan más de 11.000 dólares al mes, entre otras.
Pero desde la oposición no quedaron conformes, acusando que las medidas no solucionaban los problemas de fondo.
Desde el viernes 18 de octubre, los chilenos no pararon de manifestarse diariamente en todo el país, en su gran mayoría de manera pacífica, marchando por las calles y haciendo sonar sus cacerolas.
Pese a aquello, la respuesta del presidente Piñera ante las manifestaciones fueron más que nada represivas:
- aplicó la Ley de Seguridad del Estado, para acelerar los juicios contra los manifestantes;
- estableció Estado de Emergencia en casi todas las urbes importantes del país;
- y mantiene toques de queda en Santiago y en regiones, para impedir que la gente salga de sus hogares, medidas que hasta este jueves no fueron levantadas.
El Estado de Emergencia es la medida que faculta al Gobierno a desplegar al Ejército y a las Fuerzas Armadas en las calles, cuya presencia generó rechazo y una serie de denuncias por violaciones a los derechos humanos.
Bachelet, en su actual cargo de alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas anunció el jueves que enviará una misión especial a Chile para monitorear y abordar las denuncias de violaciones de derechos humanos.
En total fallecieron 18 personas en el contexto de las protestas, según cifras del Gobierno, cinco de ellas provocadas por efectivos de las Fuerzas Armadas.
