El representante del Ministerio Público Fiscal "pide explicaciones a la Afip en el caso de los jueces investigados", informaron fuentes judiciales a las que accedió esta agencia.
Según la información preliminar, se observó que se registraron consultas a través de diferentes usuarios sobre movimientos migratorios que al parecer no obedecían a ningún requerimiento judicial.
Dado que la AFIP es el organismo argentino con la base de datos más amplia, el fiscal recomendó al Canicoba Corral que averigüe quiénes tienen entrada a las áreas de consultas.
Esta investigación se inició en 2017 a partir de una denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
En concreto, las solicitudes fueron elevadas a la Agencia Federal de Ingresos Públicos, el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Salta, la Unidad de Información Financiera, y Gendarmería Nacional.
El mismo requerimiento se trasladó a la Procuración de la Nación, la Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura Naval Argentina.
Esos jueces son: Juan Carlos Maqueda, Ana María Figueroa, Martín Irurzun, Mariano Llorens, Rodolfo Canicoba Corral, María Eugenia Capuchetti, Sebastián Casanello, Daniel Eduardo Rafecas, Luis Osvaldo Rodriguez y María Romilda Servini.
También habrían sido objetos de investigaciones Marcelo Ignacio Aguinsky, Javier López Biscayart, Pablo Yadarola, Claudio Gutiérrez de la Cárcova, María Gabriela López Iñiguez, Sabrina Namer, Ángel Gabriel Nardiello, Sergio Adrián Paduczak, Javier Feliciano Río, José Martínez Sobrino y Nicolás Toselli.