"La misión que investigará posibles violaciones a los derechos humanos durante las recientes protestas llegará a Santiago el próximo lunes [28 de octubre]", informó la oficina de la Organización de las Naciones Unidas en un comunicado.
El equipo, perteneciente a la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, fue solicitado por un grupo de parlamentarios chilenos y también por el presidente Sebastián Piñera, quien se comunicó personalmente con el organismo para pedir su presencia.
La portavoz de ese organismo, Ravina Shamdasani, afirmó que quieren "recoger la información de primera mano".
Los expertos llegarán primero a Santiago, y después se desplazarán por varias ciudades del país, principalmente en las que se han registrado denuncias en contra de funcionarios de las Fuerzas Armadas.
Las movilizaciones comenzaron el 14 de este mes en Chile debido a un alza de 30 pesos (menos de un dólar) en el precio del pasaje del Metro de Santiago.
Ese fin de semana surgió la consigna "no son 30 pesos, son 30 años", evidenciando que la gente se estaba manifestando ya no por el pasaje del Metro, sino por temas más de fondo, por injusticias que se arrastran hace 30 años desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y que, según muchos chilenos, se han ido profundizando también en democracia.
La primera respuesta de Piñera ante las manifestaciones que se extendían fue decretar tres medidas represivas: la Ley de Seguridad del Estado, para acelerar los juicios contra los manifestantes, el Estado de Emergencia en casi todas las urbes importantes del país y toques de queda para impedir que la gente salga de sus hogares, medidas que aún no han sido levantadas.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile ha recibido una serie de denuncias sobre torturas, abusos de poder, golpes, y detenciones de parte de las Fuerzas Armadas en contra de civiles.
