Violencia, hacinamiento y detenciones ilegales es lo que viven cotidianamente más de 5.000 personas que han quedado atrapadas en Tapachula (Chiapas), la principal ciudad de la frontera sur mexicana, como consecuencia del compromiso asumido por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para disminuir a la población migrante que llega a pedir asilo en Estados Unidos.
"La situación se ha puesto muy complicada en la frontera sur después de lo que pasó hace dos semanas con la caravana de migrantes y la Guardia Nacional, con la forma en que ellos golpearon y arrestaron a la gente", dijo a Sputnik Wilner Metelus, el presidente del Comité (CCDNAM).
Sin embargo, según el comunicado publicado más tarde por el INM, el organismo "llevó a cabo acciones para invitar a las personas extranjeras que conformaron el contingente que partió de la ciudad de Tapachula, Chiapas, a acudir al instituto para conocer las opciones de regularización de su estancia en el país".
Las estaciones migratorias en México fueron creadas a comienzos de la década del 2000 y funcionan como cárceles irregulares para migrantes, porque aunque entrar sin papeles al país es una falta administrativa, se priva de la libertad a quien es detenido sin papeles.
"Lamento la declaración hecha por el responsable de una institución frente a los migrantes africanos que se encuentran en la frontera sur. Es un hombre de confianza del presidente, López Obrador, pero no se puede aceptar algo así. México era un país amigo de los migrantes y hoy no lo es", sentenció Metelus.
Según el dirigente, la declaración de Francisco Garduño es racista y, además, "la política racista del Gobierno a migrantes es la causa de crecimiento de xenofobia a migrantes".
¿Por qué México tiene una política migratoria racista, según Meteus?
El presidente del Comité ciudadano en defensa de los naturalizados y afromexicanos explicó a Sputnik que actualmente existen 3.000 personas detenidas en la Estación migratoria Siglo XXI, cuando solo tiene capacidad para albergar a 700 personas.
"Ni el INM, ni la Comisión mexicana de ayuda a refugiados [Comar, creada en 1980] tienen capacidad para apoyar a esos migrantes. Aunque las autoridades digan que están dispuestos a seguir sus trámites, no hay suficiente personal para hacerlo", dijo Metelus en entrevista.
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— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) April 19, 2019
El propio Instituto de Migración confirmó que para el 8 de octubre "más de un millar de migrantes africanos" desde hace 50 días se mantienen acampando afuera de la Estación Siglo XXI.
El sistema de asilo mexicano que gestiona la Comar en alianza con el INM está colapsado desde que las solicitudes de asilo se duplicaron en 2016 con respecto al anterior, iniciando una tendencia ascendente que no se ha detenido.
"Es una cifra falsa porque muchos de esos migrantes que solicitaron asilo en México han sido deportados", sostuvo Metelus.
"Lo que piden es un salvoconducto [un permiso de salida temporal] para llegar a la frontera norte de México, porque no pueden aguantar ya la situación actual, sin recibir alimentación, atención en salud o posibilidad de trabajar", agregó.
El presidente del Comité ciudadano en defensa de los naturalizados y afromexicanos comentó a Sputnik que las visitas que los representantes de ACNUR —el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiadoS— han hecho al sur de México tampoco han tenido efecto sobre la crítica situación que viven decenas de personas a quien se les brindan como únicas opciones la reclusión y la deportación al país del que salieron.
En ese contexto, un grupo de migrantes cameruneses intentó superar el muro militar de la Guardia Nacional saliendo de Chiapas por mar para llegar a las costas de Oaxaca, el estado vecino. Tres de ellos fallecieron en el naufragio del 11 de octubre y los ocho sobrevivientes permanecen encarcelados por migración en "una bodega" en precarias condiciones en Tuxtla Gutiérrez, la capital chiapaneca, en un edificio que funciona como un centro de detención precario.
En abril de 2018 cerca de 1.500 centroamericanos, mayormente hondureños, tomaron de manera conjunta el tren de carga llamado la Bestia y recorrieron más de 2.500 kilómetros que separan la capital del país de la frontera norte. Ese grupo primigenio, que se fue desgajando por México y del cual una décima parte se entregó a las autoridad migratorias norteamericanas, abrió la puerta para subirse al tren a las miles de personas que lo intentaron después, dando origen a una serie de caravanas migrantes, un éxodo moderno que pronto recibió la atención de la prensa internacional.
La amenaza que confabuló el presidente Donald Trump acerca del peligro de estas caravanas migrantes, se articuló con la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. El nuevo Gobierno mexicano, en la voz del Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, asumió el compromiso de controlar el flujo migrante que durante décadas atravesó México para llegar a Estados Unidos, ecrudeciendo una política de contención que ya había empezado en el Gobierno de Barack Obama, con la aplicación en México del llamado Programa Frontera Sur, en 2014.
"El Estado mexicano mantiene secuestrados a los migrantes en la frontera sur, al no dejarlos salir de Tapachula por la fuerza. Están violando sus derechos, algo que ni siquiera ocurre con los seis millones de mexicanos indocumentados que viven en Estados Unidos y pueden circular libremente, pero aquí en México no se lo permiten al resto", dijo Metelus.
"La política mexicana es racista. El Gobierno mexicano encarcela a migrantes africanos en la estación migratoria, ya que no pueden acceder a un visado para circular libremente por el país. Los migrantes no reciben atención médica y tampoco alimentación", concluyó.
