Los participantes en el debate fueron el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez; el presidente del conservador Partido Popular (PP), Pablo Casado; el candidato de la coalición izquierdista Unidas Podemos (UP), Pablo Iglesias; el presidente de la formación liberal Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, y el líder del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal.
"La crisis de Cataluña es una crisis de convivencia", dijo durante el debate Pedro Sánchez, que en una línea similar a la mantenida en los últimos meses, abogó por responder al movimiento independentista catalán con "unidad, proporcionalidad y firmeza democrática".
En este contexto, Sánchez puso sobre la mesa una propuesta de reforma del Código Penal para sancionar las convocatorias de referéndums ilegales.
Por su parte, los representantes de conservadores, liberales y ultraderechistas pugnaron por mostrarse como principal dique de contención ante el independentismo catalán, al tiempo que cargaron contra Sánchez por unas declaraciones en las que se refirió a Cataluña como una "nación" integrada en España como una "nación de naciones".
El único candidato que intentó no confrontar con el independentismo fue Pablo Iglesias, que volvió a abogar por la celebración de un referéndum de autodeterminación porque "lo de Cataluña sólo se puede resolver con diálogo" y "finalmente habrá que votar".
Más allá de la cuestión catalana, uno de los temas centrales del debate fue la política de pactos.
Las elecciones generales del próximo 10 de noviembre fueron convocadas después de que los partidos políticos no lograran ponerse de acuerdo para investir a un presidente del Gobierno tras los comicios celebrados el 29 de abril, en los que Pedro Sánchez fue el ganador, aunque sin lograr mayoría suficiente para gobernar sin apoyos externos.
Tanto Sánchez como Casado (primero y segundo en las encuestas) intentaron venderse al electorado como única alternativa posible, reviviendo la clásica confrontación bipartidista en España entre PSOE y PP.
Especialmente relevante es la actitud adoptada por Sánchez, que prefirió guardar sus cartas y no desvelar cuáles serán sus socios prioritarios si los resultados le permiten postularse de nuevo como candidato a la investidura.
Por su parte, los otros tres partidos, que parten por detrás en las encuestas, pidieron el voto para bien poder facilitar un Gobierno de coalición de izquierdas (Unidas Podemos), para desequilibrar la balanza a favor de la derecha (Vox) o como opción bisagra con capacidad de pactar a ambos lados del tablero político (Ciudadanos).
El debate a cinco, que se alargó durante casi tres horas, sirvió para certificar la fragmentación del panorama político español, y eso que no estuvieron presentes en la discusión formaciones nacionalistas del País Vasco y Cataluña que también obtendrán una importante representación.
En líneas generales el debate se desarrolló en un tono cordial, sin demasiadas salidas de tono entre los candidatos, que en la mayor parte del tiempo se limitaron a recitar argumentarios de partido en lugar de intercambiar pareceres y propuestas con sus adversarios.
Según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), un 30% de los electores todavía no decidió el sentido de su voto, lo que deja un escenario en el que este tipo de debate, a seis días de la votación, cobra una especial importancia.
En las últimas elecciones, según el CIS, un 7% de los electores cambiaron el sentido de su voto tras presenciar los debates electorales, y más de 220.000 personas, que pensaban no acudir a las, finalmente acudieron a votar; son datos que confirman la importancia de este tipo de actos en un panorama tan apretado como el español.