"La Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP decretó medida cautelar de protección sobre algunos cuerpos custodiados en el Laboratorio de Osteología Antropológica de la Universidad de Antioquia (noroeste)", indicó la JEP en un comunicado.
Los restos hacían parte de los cementerios localizados en la vereda (aldea) Orobajo y de las poblaciones de Barbacoas y La Fortuna.
Fueron exhumados hace varios años con autorización de la Fiscalía de Colombia por estar en la zona en la que se levantó la hidroeléctrica Hidroituango, por lo que fueron llevados a la Universidad de Antioquia.
Sin embargo, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos afirman que varios de los cuerpos eran de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado, por lo que luego de su exhumación se perdió evidencia importante para determinar las identidades de algunos de los restos y poder reconocer quiénes fueron los responsables de esas muertes.
En una inspección realizada el pasado 29 de octubre, la JEP encontró que el laboratorio no tiene una clasificación, registro y organización documental adecuada de los cuerpos que fueron trasladados allí.
"La JEP solo encontró clasificados restos que parecían provenir del cementerio de Orobajo y no los cuerpos procedentes de los cementerios de Barbacoas y La Fortuna", indicó la JEP en su comunicado.
En el auto que ordena la medida cautelar se afirma que entre los restos que presuntamente provienen del cementerio de Orobajo había "varias cajas contenedoras de cuerpos esqueletizados con el rótulo de "Dispersos".
El 29 de agosto de 2018 nueve peticionarios (dos representantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y siete familiares de desaparecidos) solicitaron a la JEP tomar medidas cautelares anticipadas sobre 16 lugares del país en los cuales se presume existen personas inhumadas dadas por desaparecidas.
Entre esos lugares se encuentra la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Hidroituango.