"Apoyamos la respuesta institucional adoptada por el Presidente de la República Plurinacional de Bolivia de convocatoria de nuevas elecciones con la conformación de un nuevo organismo electoral", señala el punto cuatro del documento.
El colectivo integrado por 32 líderes progresistas de doce países rechazó "todo hecho de violencia física, de agresiones y de amedrentamientos como forma de presión política" y abogó por "respetar los mandatos en curso de todas las autoridades legalmente constituidas hasta la asunción de los nuevos gobernantes elegidos por el pueblo boliviano" durante las elecciones.
En su comunicado de 16 puntos, los dirigentes políticos celebraron la liberación del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) el 8 de noviembre tras un año y siete meses de prisión, "víctima de un burdo montaje judicial llevado adelante en complicidad con algunos medios de comunicación hegemónicos".
"Estamos convencidos de que la justicia se impondrá, y se demostrará su inocencia", arguyeron al subrayar "la dignidad con la que el expresidente ha enfrentado este proceso".
Además de apoyar el Acuerdo de Paz de Colombia, el Grupo de Puebla manifestó su preocupación por el asesinato de más de 600 líderes sociales y 160 reincorporados en esta nación desde la suscripción del convenio en noviembre de 2016, "lo que constituye una grave violación de los derechos humanos que amenaza el proceso de paz".
En relación a Chile, el Grupo de Puebla suscribió los reclamos de su ciudadanía "frente a las desigualdades y las injusticias", y repudió "la violenta represión de la movilización social por parte de las fuerzas policiales y las violaciones a los derechos humanos".
Al respecto, esta instancia regional reclamó al Gobierno de Sebastián Piñera que acceda a cambiar la Constitución por ser "la principal demanda del pueblo chileno, que aspira a un nuevo modelo de desarrollo".
Los dirigentes del grupo también llamaron la atención sobre Haití, donde protestas masivas desde hace más de dos meses revelan "un país destrozado económica, social y políticamente", pese a que "la prensa y la política internacional no está poniendo atención sobre el estancamiento de las posibles salidas a ese conflicto".
"Instamos a las autoridades a que promuevan las negociaciones necesarias para resolver este grave conflicto que adquiere dimensiones de crisis humanitaria", añade el texto.
Con respecto a Venezuela, el grupo reclamó una salida pacífica y democrática a la crisis que vive ese país, y rechazaron la invocación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), al tiempo que defendió "el legítimo derecho de autodeterminación de los pueblos y rechazamos la imposición de sanciones unilaterales".
"Debemos considerar el concepto de la migración, como un derecho humano", y por ello, el "progresismo debe proponer pasar de la migración como un problema de seguridad, a la migración como un principio de solidaridad", sentencia el documento.
En su segundo párrafo, el colectivo también hizo un llamado a la comunidad internacional para "rechazar la articulación del poder judicial con los medios de comunicación que, en muchos de nuestros países, persiguen arbitrariamente a líderes y lideresas progresistas para obstaculizar sus proyectos políticos".
El grupo también rescató como epicentros de la confluencia progresista latinoamericana espacios como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el Mercado Común del Sur (Mercosur), la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) y la Alianza del Pacífico.
"Esta convergencia, es fundamental para consolidar el espacio regional y constituye una fortaleza para seguir con el intercambio de experiencias exitosas de políticas públicas, consolidación de nuestras democracias, defensa de nuestra soberanía y seguridad, la promoción del comercio intrarregional, la protección del medioambiente, la igualdad de derechos y la inclusión en espacios de poder de las mujeres", resumió.