"Desde 1994 la violencia está presente en la región, en aquella época debido a la presencia de las AUC [Autodefensas Unidas de Colombia, paramilitares] y de las FARC [guerrilla], y ahora las disidencias del paramilitarismo, de las mismas FARC y por el grupo rebelde del ELN, con lo cual el recrudecimiento de una violencia similar está latente", dijo a Sputnik el líder indígena del Chocó, Plácido Bailarín.
Tras la firma del acuerdo final de paz entre el Gobierno y la entonces guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), en noviembre de 2016, municipios como Bojayá cifraron sus esperanzas en una transición de la violencia armada a la generación de proyectos productivos comunitarios.
Sin embargo, la realidad ha sido otra y por cuenta de nuevos grupos armados ilegales en la zona el riesgo de que se presente otra masacre está dentro de las probabilidades.
Tales grupos se expandieron en Bojayá luego de que las FARC abandonaran el territorio como parte de su proceso de desmovilización, dejación de armas y agrupamiento hacia los entonces denominados Puntos Transitorios de Normalización.
Así, mientras las AGC extendieron violentamente su accionar hacia regiones cercanas a Bojayá —todas ellas asentadas en la parte media del río Atrato—, el ELN se expandió directamente hacia ese municipio, pero también hacia otras regiones del Atrato y Quibdó, la capital de Chocó.
La razón por la cual los grupos armados se disputan Bojayá y sus territorios vecinos radica en la ubicación y condiciones topográficas, que es considerado un territorio estratégico porque en su interior existen importantes caminos y cuencas hidrográficas que sirven como corredores de movilidad.
Tales corredores son usados por los grupos armados ilegales para el tránsito de sus hombres y el transporte de armas, insumos, marihuana, pasta base de coca y cocaína con fines de embarque y comercialización hacia Centroamérica, principalmente.
Sepultura de víctimas de la masacre
La agudización de la violencia en Bojayá se da justo cuando sus habitantes se aprestan, el próximo 18 de noviembre, a sepultar de manera colectiva a las víctimas de la masacre de hace 17 años, luego de que el estatal Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses logró identificar de manera plena los restos de 72 personas, que por años permanecieron sepultadas en una fosa común.
Sin embargo, un cilindro de gas, usado por las FARC como bomba, rompió el techo de la iglesia y detonó en el altar, lo que causó la muerte de 79 personas, aunque los moradores señalan que fueron 100 los fallecidos y decenas los heridos.
José de la Cruz, líder social de la región y sobreviviente de la masacre, dijo a Sputnik que "nada ha cambiado en Bojayá desde entonces, porque aún somos víctimas de la violencia".
"Bojayá como municipio tiene unos 13.000 habitantes, pero en la cabecera municipal muchos han salido desplazados por la violencia, ya que el conflicto está más orientado hacia esas comunidades, compuestas en su mayoría por afros e indígenas", agregó De la Cruz.
La Defensoría del Pueblo considera que en la región existe una "altísima probabilidad" de desplazamientos masivos e individuales, graves afectaciones a la población civil como consecuencia de acciones bélicas, expansión de acciones extorsivas, homicidios y atentados en persona protegida, así como también desapariciones forzadas.
Hay "una alta probabilidad de ocurrencia de acciones de violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres", al igual que posibles hechos de reclutamiento forzado y utilización ilícita de menores, advirtió la Defensoría del Pueblo.
La Defensoría ha registrado "graves violaciones a los derechos humanos" de la población como consecuencia, entre otras cosas, de la constante contaminación de caminos por medio de la instalación de minas antipersonales por parte de los paramilitares y del ELN con el propósito de contener sus avances.
"Nuestra preocupación es constante porque mientras los grupos armados avanzan en la región, las vidas de sus habitantes van en detrimento", indicó Bailarín.
Ante la realidad de los hechos no cabe duda de que los temores de los pobladores de Bojayá son justificados, aunque albergan la esperanza de que tras el sepelio de sus muertos, en la masacre de hace 17 años, no tengan que enterrar a nadie más por una guerra que les resulta ajena.
