El documento titulado 'Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución', consensuado entre el oficialismo y la mayor parte de la oposición, convoca para abril de 2020 un plebiscito en el que los chilenos deberán definir si quieren una nueva Constitución y si este proceso debería afrontarse a través de una 'Convención Mixta Constitucional' o una 'Convención Constitucional'.
En cualquiera de los casos, la elección de los miembros específicos para redactar una nueva carta magna se realizaría en octubre de 2020, junto con las elecciones municipales. El nuevo organismo tendría 155 miembros y sus integrantes serían electos bajo un sistema proporcional según circunscripciones territoriales, tal como actualmente se escoge a los diputados.
Algunos aspectos formales del trabajo de la convención, como el plazo que tendrá para redactar la nueva Constitución o si se organizará en diferentes comisiones, recién serán definidos en una próxima ley que deberá ser aprobada por el Congreso, recordó el constitucionalista.
¿Por qué es necesaria una nueva Constitución en Chile?
A su juicio, la posibilidad que se abre en Chile es clave "porque la Constitución ha sido una piedra de tope para las transformaciones sociales". Desde la aprobación de la Constitución vigente (1980), durante la dictadura de Augusto Pinochet, "solo se le habían podido hacer reformas".
"La derecha, tanto desde el comienzo de las movilizaciones como a lo largo de todos estos años, ha dicho que no es necesario cambiar la Constitución para cambiar la sociedad. Es un discurso que ha repetido como un mantra", señaló el abogado.
Sin embargo, el estallido social desatado el 18 de octubre logró demostrar que la redacción de una nueva Constitución era un reclamo popular, algo que, según Gajardo Falcón, había sido históricamente puesto en duda por los sectores más conservadores. "La gente pedía una nueva Constitución porque entendió que las transformaciones que se necesitaban no se podían hacer si no se cambiaba la Constitución", apuntó.
En efecto, el catedrático señaló cómo varias reivindicaciones populares se chocan permanentemente con trabas contenidas en el texto constitucional emanado de la dictadura de Pinochet.
La negociación colectiva por ramas o el derecho a huelga de los funcionarios públicos son otros dos ejemplos de reclamos populares imposibles de concretar en la actualidad porque están "expresamente prohibidos" en la Constitución vigente en Chile.
Otro de los puntos más cuestionados de la Constitución de Pinochet es su excesiva rigidez, un elemento que impidió que pudiera ser reformada de forma sustancial en los años siguientes. El texto dispone que la carta magna solo puede reformarse por iniciativa del presidente de la República o el Congreso y que el nuevo texto debe ser aprobado por tres quintos de los legisladores o dos tercios para los capítulos más importantes. Una exigencia que para gran parte del sistema político chileno siempre fue interpretada como una 'capacidad de veto' de la derecha.
"Este acuerdo es vital porque cuando se vote el plebiscito y se diga que la sociedad quiere una nueva Constitución, ese día la Constitución del 80 va a dejar de existir", remarcó Gajardo Falcón.
Según el abogado, el mandato de redactar una nueva Constitución "desde cero" le quitará a la derecha el "poder de veto" que impedía los cambios en el pasado. El nuevo panorama político permitirá la apertura de nuevos debates.
"Vamos a tener que lograr acuerdos en qué derechos sociales van a haber, qué derechos fundamentales vamos a tener, qué organización del Estado. Y cuando la derecha quiera poner la propiedad privada en la Constitución, quizás uno no esté de acuerdo con que eso tenga que estar en la Constitución", planteó el constitucionalista, recordando que la Constitución alemana, por ejemplo, no refiere a la propiedad privada.
Sin embargo, algunos sectores políticos tienen una visión más pesimista del asunto. El Partido Comunista de Chile, por ejemplo, rechazó el acuerdo para una nueva Constitución, debido a que en su punto 6 establece que "el órgano constituyente deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio". Para los comunistas, esa mayoría especial mantiene la posibilidad de 'veto' a una minoría.
