"Tenemos toda la predisposición y voluntad de trabajar juntos y llevar adelante una nueva elección", dijo la presidenta del Senado, Eva Copa, al anunciar la convocatoria a sesión bicameral de la Asamblea Legislativa Plurinacional en una conferencia de prensa conjunta con su par de la Cámara de Diputados, Sergio Choque.
El anuncio de la que podría ser crucial sesión parlamentaria ocurrió mientras el país estaba conmocionado por la muerte de al menos nueve productores de coca a causa de la represión policial-militar en una marcha contra el gobierno de facto de Jeanine Áñez, ocurrida el 15 de noviembre en el departamento de Cochabamba (centro).
La Constitución fija un plazo de 90 días para que un gobierno interino, como el que dice presidir Áñez, organice elecciones nacionales.
La presidenta de facto, quien se autoproclamó en el cargo el 12 de noviembre, dos días después de la renuncia forzada de Morales, no ha dado señales de acercamiento con el poder parlamentario y ha sugerido en cambio que convocaría a elecciones directamente por decreto e impugnaría las labores parlamentarias.
Choque, el líder de Diputados, destacó la importancia de la próxima sesión de la Asamblea para "cumplir el rol constitucional de tratar temas que el pueblo boliviano está esperando, como la convocatoria a nuevas elecciones nacionales".
Medios locales dijeron que Arnault se sumaría a una mesa de diálogo gobierno-MAS que busca desde mediados de semana un acuerdo urgente que permita la pacificación del país y defina cómo y cuándo se realizarían las nuevas elecciones, tras quedar anulados los comicios del 20 de octubre.
La victoria de Morales en esos comicios —según el cómputo oficial— fue rechazada por la oposición que denunció un supuesto fraude y llamó a movilizaciones de protesta que terminaron convertidas en una insurrección que precipitó la caída del líder indígena.
Las movilizaciones principalmente urbanas contra Morales, que dejaron media docena de muertos, fueron sucedidas esta semana por protestas en varias ciudades y regiones rurales contra el gobierno de facto, en las que suman al menos 14 muertos en cuatro días, según medios locales.
El representante de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox, dijo que había confirmado la muerte de nueve cocaleros a causa de lo que denunció como "represión y arremetida policial y militar" contra la marcha de los campesinos leales a Morales.
El funcionario señaló que había otros cuatro cocaleros en riesgo de muerte, de un total de 115 heridos registrados como consecuencia de la represión.
"La Defensoría del Pueblo no puede poner otro nombre a lo que ha ocurrido ayer, represión, no hubo enfrentamiento", dijo Cox, destacando que esa oficina no encontró en los hospitales ningún miliar o policía herido.
Los líderes parlamentarios dijeron que era "urgente" restablecer la paz, llamaron a los movilizados a evitar actos violentos y convocaron a un diálogo amplio de pacificación, en el que dijeron que deberían participar no solo las fuerzas políticas sino también los mandos militares y policiales y los movimientos sociales.
