"Ahora nos podemos explicar por qué Alianza País (que era el movimiento político de Correa) ganaba todas las elecciones. A través de tanto dinero que se invirtió mediante este mecanismo de cohechos que iban dirigidos al aparato administrativo de Alianza País, estaba presente en la memoria de los votantes y por eso al momento de ir a votar votaban por Alianza País", dijo Salvador durante la audiencia preparatoria de juicio.
En su exposición, Salvador aseguró que la "sofisticada estructura de corrupción" fue diseñada, dirigida y utilizada desde la presidencia, vicepresidencia y Ministerios de la República, utilizando sus instalaciones y recursos, para canalizar y administrar sobornos recibidos de empresarios privados, a cambio de contratos de obra pública.
"El líder de este esquema era Rafael Correa Delgado, presidente de la República, quien designaba como ministros o secretarios de Estado a personas de su absoluta confianza (…) No es fortuito el hecho de que estas personas giraron siempre en torno a Rafael Correa Delgado y ocuparon cargos de alta responsabilidad de manera cíclica, consecutiva y recurrente", enfatizó el Procurador.
El funcionario presentó más de 200 elementos de convicción en contra de los procesados.
Afirmó que dentro del esquema de corrupción se utilizaban códigos secretos, ocultamiento de identidades, cruce de facturas; que el dinero era entregado en efectivo para evadir controles, y que los fondos provenientes de los sobornos destinados a actividades de política electoral no fueron reportado a la autoridad de control.
En el caso, conocido como "Sobornos 2012-2016", se han presentado como pruebas detalles de las facturas, las empresas y los aportes efectuados al movimiento político Alianza País a cambio de contratos con el Estado.
Los abogados de los acusados, mientras tanto, han pedido la nulidad del proceso, argumentando, entre otras cosas, vulneración al derecho a la defensa por declararse reservada la instrucción fiscal.
Las acusaciones son negadas por el expresidente y sus exfuncionarios, que aseguran que hay una persecución política en su contra.
El Procurador sostiene que el monto del perjuicio al Estado en el caso "Sobornos 2012-2016" supera los siete millones de dólares, pero pide el triple de indemnización por los daños causados.
