"El propósito es un acuerdo amplio sobre un paquete de normas electorales para el cual esperamos contar con el asesoramiento de la Organización de Estados Americanos", dijo el líder de la minoría parlamentaria que apoya al gobierno, Óscar Ortiz, mientras la crisis política poselectoral ingresaba en su quinta semana.
El MAS, partido del depuesto presidente Evo Morales, tiene amplia mayoría en las dos cámaras.
Según dio a entender Ortiz, quien era hasta la semana pasada jefe político de la ahora presidenta de facto Jeanine Áñez —autoproclamada el martes 12 tras la renuncia forzada de Morales— el gobierno ha dejado en suspenso sus planes de convocar a elecciones por decreto, en espera de un acuerdo político.
Las negociaciones de alto nivel, mediadas por la cúpula de la Iglesia Católica, la Unión Europa y un enviado especial de Naciones Unidas, se realizaban en sendos grupos de trabajo en las sedes de los dos organismos internacionales, en medio de gran hermetismo.
El senador Ortiz, quien fue el cuarto candidato más votado en las elecciones del 20 de octubre que ganó Morales y luego quedaron anuladas de hecho, dijo a la prensa que el acuerdo electoral que se negocia daría lugar a un paquete de normas cuya aprobación demoraría varios días.
Ortiz rehusó indicar si las normas deberían ser aprobadas luego por ley en la Asamblea o directamente por un decreto gubernamental.
Una fuente del MAS dijo a Sputnik que uno de los aspectos más difíciles de la negociación era el alcance del "carácter inclusivo" que deberían tener los próximos comicios.
Mientras el MAS pretende que no haya restricción a la participación de partidos y candidatos, el gobierno de facto no ocultó su intención de vetar tanto al MAS como a Morales por el supuesto fraude que llevó a las protestas que provoacron la caída de Morales.
En Cochabamba, donde la represión policial-militar a una marcha de productores de coca dejó nueve manifestantes muertos y más de 100 heridos la semana pasada, los cocaleros intentaban de nuevo llegar hasta la plaza central de la ciudad para realizar un cabildo popular en el que exigirían la renuncia de Jeanine Áñez.
En La Paz y El Alto, todavía semiparalizadas por bloqueos y marchas, se extendía la escasez de combustibles y alimentos a medida que se acercaba un nuevo plazo dado por organizaciones indígenas, hasta la noche del martes 19, para que Áñez deje la presidencia.
Como parte de las mismas protestas, sindicatos campesinos mantenían bloqueadas las carreteras principales de cinco de los nueve departamentos.
