"En el caso de Chile, las consecuencias son evidentes. El poder económico se concentra en muy pocas manos (...) En Chile la desigualdad social es brutal. El tratamiento a los pueblos originarios es totalmente marginal y el poder de las propias corporaciones también, eso supone que hay un quiebre grandísimo entre la sociedad y los gobernantes", afirmó a Sputnik Garzón, que en 1998 dictó como juez la orden de detención del dictador chileno Augusto Pinochet.
"La Constitución española es una Constitución democrática, consecuencia de la transición y del modelo de transición y también de los compromisos obtenidos durante esa transición", argumentó.
Destacó que a pesar de la española ser "una Constitución muy progresista para el tiempo en el que fue y las circunstancias en las que fue aprobada", dejó pendientes temas como el de "la impunidad previa del franquismo y el modelo territorial", que actualmente han provocado conflictos, como "el proceso de Cataluña y otras situaciones".
"Pero también ello me lleva a afirmar que es absolutamente necesaria la solución de diálogo y no tanto la actuación judicial contra quienes discrepan del modelo constitucional y del modelo territorial", acotó Garzón.
Asimismo, según Garzón, el predominio del Estado de derecho en Chile ha posibilitado que la situación no sea un caos total.
"Afortunadamente lo que ha ocurrido en Chile, dentro de la situación caótica y desgraciada que existe a nivel político y social, es que el Poder Judicial, desde el primer momento, creo que se ha posicionado, no amparando esa situación de grave quebranto de los derechos fundamentales, sino de protección de los ciudadanos", afirmó Garzón, político y defensor de los derechos humanos.
Destacó que más de dos tercios de las personas detenidas han sido puestas en libertad, "pero hay que tener muy en cuenta lo que está aconteciendo y exigir que las responsabilidades, tanto políticas como penales en su caso, se lleven adelante".
Garzón, famoso en Chile por ordenar el arresto del dictador Augusto Pinochet, enfatizó que un juicio político es muy complicado en la nación austral porque la Constitución pone muchas trabas.
Recordó que una de las demandas de las protestas es derogar la Carta Magna "y sustituirla por un proceso constituyente o una convención constituyente".
"Pero bueno eso no quiere decir que no se pueda iniciar [un juicio político] y valorar esas responsabilidades", agregó.
También destacó los detalles de la carta que le envió el pasado mes de octubre al presidente chileno, Sebastián Piñera.
"Lo que quería yo decir en esa carta era que precisamente esta situación no es como lo era en la dictadura y que tapar las acciones criminales hoy día no va a ser posible, tanto por la acción de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, como por el propio Poder Judicial", comentó.
Desde el punto de vista de Garzón, hay que "hacer un seguimiento de lo que está aconteciendo aparte de que esa llamada al diálogo se produzca con todas las consecuencias favorables para quienes están demandando un cambio político-social importante, desde la base, afrontando las causas y no solamente los efectos".
Sin embargo, las protestas no amainaron e incluyeron otros reclamos sociales más profundos, tomando un cariz mucho más intenso, con decenas de manifestaciones en diversos lugares del país, con marchas y cacerolazos.
Hasta el momento han muerto cerca de 30 personas en las protestas, al menos cinco de ellas a manos de las Fuerzas Armadas y la policía.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile ha presentado 346 acciones judiciales contra las fuerzas policiales por su actuar durante las protestas, acusando torturas, tratos crueles, homicidios, homicidios frustrados y abusos sexuales.
Sigue la versión completa de la entrevista con Baltasar Garzón aquí.
