Chile va a juicio ante una Corte especial por abusar de la naturaleza

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La crisis ambiental y climática no sólo se combate reduciendo los gases de efecto invernadero o eliminando el plástico. Hay quienes dicen que para erradicar sus efectos es necesario reconocer legalmente que la naturaleza tiene derechos. Negarlo "es uno de los problemas más graves", dijo a Sputnik Natalia Greene, activista ambiental ecuatoriana.

Desde hace al menos siete décadas, ciudadanos de diferentes partes del mundo se han organizado para establecer tribunales que juzguen casos que no son abordados por los Estados. Son tribunales de justicia cuyas sentencias no son vinculantes, es decir, no es obligatorio cumplirlas. Pero sí son éticas. Y tienen impacto.

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Tal es el caso del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, que desde 2014 promueve una coexistencia armónica entre los seres humanos y la naturaleza, y juzga las violaciones a sus derechos.

"Si analizamos lo que ocurre en el mundo, existen leyes naturales que no podemos obviar, pero el sistema legal, los tribunales jurídicos, han negado a la naturaleza su propio lugar, tanto así que casi en ningún sistema jurídico la naturaleza es un sujeto de derechos, sino todo lo contrario, es un objeto, un recurso", explicó Greene, secretaria general del Tribunal. 

"Estamos colapsando también porque la naturaleza no es parte de ese sistema", agregó.

Las sentencias buscan tener impacto mediático y así lograr la definición de nuevos modelos económicos, sistemas sociales y estructuras de gobernanza para crear un nuevo camino que reconozca la interdependencia de los humanos y los sistemas naturales. "Los Tribunales dan voz a la naturaleza", sintetizó Greene.

​Este año se lleva a cabo el quinto juicio del Tribunal el 5 de diciembre en Santiago de Chile. Paralelamente, habrá también eventos complementarios en la cumbre mundial sobre el cambio climático de Naciones Unidas (COP25), entre el 2 y 13 de diciembre en Madrid, España. 

¿Qué juzga el Tribunal de la Naturaleza en 2019? 

Este año los jueces del Tribunal deberán juzgar tres casos relacionados con Chile:

  • La minería de litio en el desierto de Atacama;
  • las amenazas al agua y la vida de la Patagonia, y
  • la privatización del agua.

¿Por qué la minería de litio?

A pesar de que en Chile el litio es considerado un "mineral de carácter estratégico" y —en teoría— los yacimientos pertenecen al Estado, los privados tienen las concesiones de explotación y realizan los estudios de viabilidad que les exige el Estado para otorgarles las licencias. La explotación "está afectando especialmente a los salares (...) su extracción está causando mucho daño en los ecosistemas", resumió Greene.

¿Qué pasa con el agua?

"El agua en Chile es privatizada, es terrible", dijo la ambientalista. Chile tiene un modelo de aguas único en el mundo. En agosto de 1981, durante la dictadura de Augusto Pinochet (1974-1990), se aprobó el Código de Aguas, que en su artículo 5 establece que el recurso es un "bien nacional de uso público", pero que su "derecho de aprovechamiento" es privado. 

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La normativa se basa en la idea de que el acceso al agua es un bien económico, y como tal, la forma más eficiente de gestionar su asignación es a través del mercado, precios y los derechos de propiedad privada. En otras palabras, los "dueños" del agua serán quienes decidan a quién otorgarla, cómo utilizarla, y quienes gocen de sus réditos.

En la Patagonia chilena el agua está siendo afectada severamente por la minería, las salmoneras e hidroeléctricas, señaló Greene.

En, el Tribunal también presentará dos nuevas demandas para iniciar un proceso de investigación y de recopilación de datos sobre cada caso. Se trata de la situación ambiental de la Amazonía (países múltiples) y el fracking en la región de Vaca Muerta (Argentina). Concluidas las investigaciones, los casos serán finalmente juzgados en una futura sesión del Tribunal.

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