"La violencia contra las mujeres sigue imperando en un contexto de fundamentalismo religioso que ha polarizado el país, permitiendo discursos sexistas, discriminatorios, machistas e incluso racistas que pueden hacer retroceder los logros alcanzados", aseguró a esta agencia Arroyo, quien también es abogada.
Tal falta de coordinación obstaculiza la implementación de acciones para hacer cumplir con obligaciones nacionales e internacionales para disminuir y erradicar la violencia contra la mujer, promoviendo incluso un retroceso en los avances conseguidos.
"Costa Rica mantiene una imagen de respeto a los derechos humanos y de las mujeres, pero la suma de las acciones estatales demuestra que los resultados son insuficientes y lo que importa no es la voluntad, sino los resultados", insistió Arroyo.
El actual mandato de la Asamblea Legislativa (Parlamento) de Costa Rica tiene un 45,6% de representación femenina, la más alta en su historia, pero desde su interior son impulsados varios proyectos que marcarían un retroceso en causas como el derecho al aborto terapéutico o impune, o en el acceso a la anticoncepción de emergencia.
La activista agregó que Costa Rica tiene una legislación muy vieja sobre publicidad e imagen de la mujer en los medios, que impide censurar cualquier tipo de violencia simbólica en compañías que usen la imagen de la mujer como mero objeto sexual.
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en 1999 la celebración cada 25 de noviembre del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer o Día Mundial contra la Violencia de Género, para recordar el asesinato en 1960 de las hermanas dominicanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, activistas contra la dictadura de Rafael Trujillo (1930-1961).
