Además de haber sido recibidos en el aeropuerto de Santa Cruz bajo estricta supervisión, rechazo y persecución, la comitiva de la autodenominada Delegación Argentina en solidaridad con el Pueblo Boliviano presentó un informe preliminar después de haber regresado del país vecino.
En conferencia de prensa, algunos de los representantes de las diferentes organizaciones sociales, populares y sindicales que organizaron la visita dijeron que tomaron testimonios de un centenar de personas en una locación segura de la localidad de El Alto, además de visitas a los domicilios particulares de algunas víctimas, así como a hospitales de la zona.
Ferrari insistió en que el Gobierno de facto de Bolivia se sostiene gracias al poder de fuego de las Fuerzas Armadas que "han instalado un aparato del terror que hace que hoy mucha gente tenga miedo de denunciar".
"La participación política está totalmente vedada porque no se pueden reunir, no hay garantías para la democracia. Nos preocupa que si se convoca a elecciones rápidamente, como se dice, vaya a ser una ficción", auguró el dirigente social.
Un llamado a la comunidad internacional
La delegación explicó que no pudo realizar la totalidad de las actividades programadas durante la visita por culpa de las amenazas explícitas del ministro de Gobierno, Arturo Murillo y el accionar de grupos de choque civiles. Uno de los planes que tuvieron que ser cancelados fue una entrevista con una senadora del partido MAS, del expresidente Evo Morales, hoy exiliado en México.
Entre los testimonios recopilados, según el informe, se da cuenta de numerosos actos de represión desmedida, persecución racial y política, censura, espionaje, tortura, violación y abuso sexual, desapariciones y masacres como la de Sacaba en Cochabamba, que costó la vida de seis personas, o la mencionada Senkata, donde murieron al menos nueve.
"No deja duda alguna para establecer la naturaleza sistemática de estas violaciones a los derechos humanos y crímenes de Estado, por lo que esta delegación considera que encuadran en la categoría de crímenes de lesa humanidad", enfatiza el texto presentado.
"Hacemos un llamamiento a los organismos internacionales de protección de los derechos humanos y a toda la comunidad internacional para que se comprometan con la tutela de los derechos humanos, civiles, políticos, sociales y culturales que se encuentran amenazados por el actual estado de cosas y que han sido sistemáticamente violados por el Gobierno de facto", declara el informe preliminar.
