"El proyecto minero aún no ha empezado, pero el problema es que si das una concesión sobre un territorio donde existe un sitio arqueológico, estás violando la Ley de Minería que excluye a estos espacios de ser concesionados con fines extractivos. Si el proyecto se pone en marcha, el sitio podría desaparecer", indica Martínez.
El caso de Markansaya, dice el geólogo, es reflejo de una problemática compleja que parte de la falta de un plan de ordenamiento territorial que debería ser asumido por el Ministerio del Ambiente.
Martínez, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, está coordinando para Cooperacción el proyecto Plataforma Nacional Para el Ordenamiento Territorial.
"La plataforma es un proceso participativo en el que buscamos conocer las potencialidades y problemas que tiene un determinado espacio territorial, y a partir de eso las comunidades indígenas deciden cómo lo usan mejor, ya sea para agricultura, ganadería o minería", explica.
Martínez señala que el terreno donde se encuentran las ruinas fue concesionado por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), oficina adscrita al Ministerio de Minería, a la empresa Panoro Apurímac, quien en agosto lo vendió a otra de nombre Alto Copper.
Sin embargo, la comunidad de Qqueuñapampa se ha enterado de manera sorpresiva de esta concesión, a pesar de sus deseos de que el sitio arqueológico se ponga en valor como atractivo turístico, una voluntad que nace "de derechos ancestrales" sobre la tierra que tienen los pobladores indígenas.
En el caso de Cotabambas, el porcentaje se eleva hasta 81,1%.
Sobre Markansaya se han hecho trabajos de restauración hace muchos años, según señalan los pobladores de Qqueuñapampa, y aunque no esté identificado por el Ministerio de Cultura como zona arqueológica, algo que haría que sea intangible, sus características son de evidente importancia histórica.